“Se ha iniciado una investigación interna, con la finalidad de aclarar los hechos, levantar los informes pertinentes y solicitar las sanciones que correspondan. De hecho, ya hay dos solicitudes de expulsión en curso”, informó esta semana Ernesto Reyes, laico, delegado del provincial marista en Chile, a La Tercera. El diario agrega que se trataría de los religiosos Abel Pérez y Luis Cornejo, acusados de abuso a menores en varios colegios de la congregación.
Esta medida, aún pendiente de ser ratificada desde Roma tanto por la misma Congregación como por El Vaticano, es considerada tardía. Hace unos meses, cuando los antecedentes fueron entregados a la justicia civil, el obispo de Rancagua y presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal chilena, Alejandro Goic, admitió que “causa extrañeza conocer una actitud tan decidida con una tardanza tan incomprensible” y recordó la enseñanza de los dos últimos papas respecto que la demora en hacer justicia agrava el daño inmenso que, por si mismo, constituye todo abuso contra menores de edad. Y Goic concluyó que esta exigencia “es por la coherencia con el Evangelio que predicamos. Más allá de la impresión que demos, nuestra misión es proteger, cuidar, dignificar. El cumplimiento de la misión que nos dio Jesús, ese es nuestro centro, nuestro deber moral que antecede a la obligación jurídica y a nuestra reputación o imagen pública”.
Maristas en Chile
En 1911 la Congregación fundó en Chile su primer colegio, en Los Andes. Desde entonces ha llegado a ser reconocida como una de las instituciones católicas relevantes en educación. Actualmente administra 12 establecimientos con más de 15 mil niños y niñas y unos 800 educadores.
Los problemas comenzaron el pasado 28 de agosto, cuando la congregación emitió un comunicado haciendo público el caso del hermano Abel Pérez. Según su propia confesión, el religioso habría abusado de 14 víctimas en dos colegios, en períodos intermitentes, desde la década de 1970 hasta el año 2000. A partir de entonces surgieron nuevas denuncias que hoy afectan a 7 personas acusadas de abuso con unas 40 víctimas.
Ante esto, la congregación creó una Comisión para la Verdad con la tarea de investigar en los últimos 50 años si hay más casos de abuso. Además, una mesa de trabajo denominada Nunca más tuvo por objetivo enriquecer las normativas de prevención, a través de programas de formación y capacitación para directivos, docentes, alumnos y administrativos, en todos los colegios, lo cual ya se cumplió y dejó establecida la “Política de Protección de la Niñez y la Adolescencia”. También se constituyó un “equipo de apoyo” integrado por profesionales y especialistas en prevención de abusos que asesora al consejo provincial en esta materia.
Estupor en los colegios
“Esta situación nos duele profundamente, por cuanto afecta seriamente la trayectoria de nuestra congregación educacional. Creemos con toda sinceridad que debemos estar, en todo momento, al servicio de las víctimas y hacia ellas generar actitudes de perdón, justicia y reparación”, expresaron los Hermanos Maristas ante las primeras denuncias y expresaron su decisión de “denunciar cualquier situación de abuso sexual que afecte o haya afectado a cualquier niño, niña o adolescente de nuestras comunidades escolares, según lo dispone la normativa vigente y atendiendo al deber de garante que nos asiste como congregación educacional”.
Aunque en los colegios la primera reacción fue dura generando un clima difícil y controvertido, las medidas públicas adoptadas, complementadas con las internas de regulación, prevención y contención, han contribuido a una progresiva calma. La comunidad de ex alumnos ha emitido comunicados públicos condenando lo sucedido y lamentando el daño, y también respaldando la obra institucional marista. Víctor Vidal, presidente del Centro de Padres y Apoderados del Instituto San Martín de Curicó, comentó que “para todos los padres y apoderados fue una sorpresa conocer esta información, sobre todo una indignación. La comunidad completa lo sintió así. Pero estamos confiados en que, una vez hechas las denuncias, la justicia va a actuar con el mayor rigor”. Agregó que “en los colegios se están realizando una serie de acciones para que esto no se vuelva a repetir”.
Ernesto Reyes, en su declaración reciente al diario La Tercera, recordó que “el pasado 31 de octubre de 2017, la congregación hizo una declaración pública en la cual, junto con pedir perdón por estos terribles hechos a las víctimas y sus familias, dio cuenta de todas las acciones que durante el año recién pasado se han iniciado para buscar la verdad y sancionar a los responsables. Nunca ha habido encubrimiento o intención de silenciar hechos por parte de la Congregación, al contrario se ha reaccionado con total convicción, voluntad y diligencia en denunciar cada situación y antecedente a la Fiscalía que lleva estas causas. Lo que sí es efectivo -y lo decimos con mucho dolor y vergüenza institucional- es que en algunos casos se procedió muy errónea y tardíamente. Así lo hemos reconocido públicamente y también al interior de nuestras comunidades educativas”.
Reyes afirma, finalmente, que “hemos puesto todo nuestro esfuerzo y voluntad en atender y dar contención a las personas agredidas, son parte de nuestra Comunidad Educativa, sabemos que lo ocurrido es gravísimo y que nada de lo que hagamos borrará el dolor y la vulneración que sufrieron, pero con fe, y la inspiración de la Virgen Santísima y San Marcelino, hacemos votos para encontrar en el perdón, la esperanza de ofrecerles algo de tranquilidad y reparación emocional, en la medida de lo humanamente posible”.
