Ante los recientes acontecimientos violentos en la frontera colombo-ecuatoriana (explosiones en Esmeraldas y enfrentamientos armados en San Lorenzo), varias organizaciones de migración y refugio de Ecuador, acompañadas por instituciones de la iglesia católica –como Misión Scalabriniana Ecuador (MSC), Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR) y Cáritas Ecuador– y de la sociedad civil, han manifestado su profunda preocupación, a través de un comunicado conjunto, frente a lo que han calificado como “la mirada inmediata frente a estos hechos”, por parte del Estado ecuatoriano, cuya respuesta se ha dado exclusivamente desde un enfoque tradicional de seguridad.
Los agentes ecuatorianos de atención a migrantes y refugiados señalan que “en la Constitución del año 2008, se plantea que es necesario abordar los temas de las fronteras desde una concepción de derechos humanos, en la que la defensa y la protección de la vida esté por encima de cualquier otro aspecto”.
Indígenas y afros principales afectados
Una de las principales causas denunciadas por las organizaciones ecuatorianas de migración y refugio, es el reacomodo de “las fuerzas beligerantes en la búsqueda de control de los diferentes territorios, tras los acuerdos de paz en Colombia con las FARC-EP”, con consecuencias en el territorio ecuatoriano de frontera, teniendo como principales afectados las comunidades indígenas y afrodescendientes y, en general, a la población civil.
“En este contexto, es notoria la fragilidad de los sistemas de protección de derechos –sobre todo a nivel local– a través de los cuales la población transfronteriza, en situaciones de alta vulnerabilidad, encuentra protección frente a los múltiples riesgos que está viviendo”, advierten.
Por una respuesta de desarrollo integral
Los organismos denunciantes indican que las “economías ilegales” toman nuevas dinámicas en la frontera colombo-ecuatoriana, sumando a este problema también la presencia de actores irregulares y el mayor flujo de migrantes venezolanos, por lo cual argumentan que “los Estados de Ecuador y de Colombia, no tienen para la zona transfronteriza una propuesta de desarrollo integral, basado en los derechos de las personas”.
Además “no se ha dado respuestas adecuadas en el marco de lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales que en materia de refugio y migración el Ecuador ha firmado”.
En virtud de estas delicadas situaciones que afectan la dignidad de las personas que hacen tránsito en estas zona, los firmantes del comunicado sugieren aplicar mecanismos concretos como el Plan Binacional de Desarrollo Ecuador-Colombia, de tal forma que desde una mirada binacional, “se asuma la corresponsabilidad de las respuestas a la compleja dinámica existente en la frontera”. A su vez, a la luz del Plan de Acción Brasil –firmado por ambos países– piden “profundizar en el componente de fronteras solidarias”.
Reconocer la condición de refugio
Asimismo, ante las condiciones que actualmente tiene el sistema de asilo en Ecuador y la lentitud de la respuesta a las solicitudes no tramitadas, las organizaciones consideran prioritario “reforzar los mecanismos para agilitar el reconocimiento de la condición de refugio de las personas que están huyendo de este y de otros conflictos que se viven en la región”.
En este mismo sentido, y ante e éxodo de venezolanos, exhortan a “facilitar a las personas de nacionalidad venezolana garantías de protección y regularización migratoria viable en el Ecuador. Esto en el marco de los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario”, dando cumplimiento así, a los postulados relacionados con la movilidad humana enmarcados en la constitución de Ecuador.
Solidaridad con líderes colombianos asesinados
Por su parte, las organizaciones migratorias han asumido el compromiso de “reforzar el espacio de encuentro, diálogo y articulación entre Ecuador y Colombia” y, a su vez, han expresado su “solidaridad con las lideresas y líderes sociales y defensores de derechos que han sido víctimas de asesinatos sistemáticos en Colombia”.
“Es importante fortalecer de manera inmediata el accionar de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría Pública en la zona de frontera, en forma coordinada con su par en el lado colombiano; para de esta manera garantizar acceso a mecanismos concretos de protección de derechos”, advierten.
Finalmente, hacen un llamado a los organismos internacionales, “en particular a las de Naciones Unidas, para implementar acciones de carácter binacional que prevengan el escalamiento de violencia y sus implicaciones a las poblaciones, sobre todo en la zona de frontera”.
