Esteban Escudero, uno de los tres obispos auxiliares de Valencia, acompaña al expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la lista de diez imputados por la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, llamará a declarar en calidad de investigados, además del prelado y presidente de dicha fundación, también al ex vicepresidente de Valencia, Víctor Campos; al ex presidente de las Cortes, Juan Cotino; al representante legal de la Fundación y a la secretaria general de la misma, Francisco Javier Jiménez y Henar Moliner, y a dos miembros del patronato: el secretario del arzobispado, Antonio Ramón Corbí y Enrique Pérez Boada.
La causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, según recoge un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. A estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también serán llamados a declarar como investigados dos exdirectores de Vaersa, Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños. La magistrada está practicando diligencias. Se han requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones.
El Juzgado ha dado traslado de la denuncia de la Fiscalía a las diez personas cuya declaración ha solicitado el Ministerio Público. La instructora les a comunicado la existencia del procedimiento para que puedan personarse y tener conocimiento de las diligencias. Según el TSJV, los citará como investigados cuando reciba y estudie los informes y la documentación requerida y cuando haya oídos a los testigos.
