Al concluir este miércoles –23 de mayo– la tercera sesión del Diálogo Nacional, en el que la Iglesia participa como mediadora y testigo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) comunicó que debido a la falta de consenso, tanto del gobierno de Daniel Ortega como de la sociedad civil, para aprobar los puntos establecidos en sus respectivas agendas, se ve obligada a suspender “por ahora” la mesa plenaria del Diálogo Nacional.
No obstante, la CEN sugirió la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres de cada parte, a fin de que logren un consenso para superar este impasse. “Cuando hayan logrado este consenso, les rogamos que nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación”, señalaron.
A través de un comunicado, la CEN recordó a los sectores participantes -gobierno, empresas privadas, estudiantes, universidades, sociedad civil, trabajadores, área rural, iglesias evangélicas y comunidades indígenas y afro descendientes– que de esta decisión y de la posibilidad de continuar el diálogo depende en gran parte la paz en Nicaragua y la vida de muchos nicaragüenses.
Petición rechazada
Una de las propuestas más significativas que se habían generado en la Mesa de Diálogo Nacional se dio este miércoles cuando la CEN pidió celebrar elecciones generales a la mayor brevedad posible, propuesta que, no obstante, el gobierno de Daniel Ortega consideró inviable. La propuesta fue presentada por la Iglesia católica en su carácter de mediadora y testigo de las discusiones, pero constituye una iniciativa recogida entre los diferentes sectores de oposición que participan en el diálogo.
La petición –que fue puesta sobre la mesa por el obispo Rolando Álvarez– iba acompañada con la solicitud de incluir la observación internacional de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otras instancias. Cabe recordar que el presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, fueron elegidos a finales del 2016 para un período de cinco años, por lo que su mandato estaría culminando hasta enero del 2022.
En este sentido, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada –quien encabezaba la delegación del gobierno en la mesa de diálogo– rechazó la propuesta porque –dijo– “lleva a un solo punto, que es el diseño de una ruta para un golpe de Estado”. Además, consideró que la sociedad civil “pretende cambiar al gobierno de Nicaragua al margen de la Constitución, del ordenamiento jurídico y violando la constitución y las leyes”.
Por su parte, el representante de la sociedad civil en las conversaciones, Carlos Tunnerman, afirmó que su agenda representa un cambio democrático y refleja los sentimientos del pueblo expresados en las marchas multitudinarias.
Tunnerman también llamó al gobierno de Ortega a darse cuenta que la realidad en la que vive colapsó el 18 de abril pasado, cuando comenzaron las manifestaciones que han dejado hasta el momento 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La jornada concluyó con la suspensión de la mesa de Diálogo Nacional por parte de la Iglesia católica.
