El Ministerio de Justicia está procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados, (inscritos en el Registro de la Propiedad), por la Iglesia católica y prevé su publicación para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos.
Ante esta noticia conocida hoy, 21 de agosto, los obispos españoles no han valorado la decisión del Gobierno, pero han apuntado que dicha publicación debe hacerse “conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación”.
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, en declaraciones a Europa Press ha señalado que la institución “no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia”.
El también presidente de la COPE ha recordado que “en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles”. Y ha recordado que una reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1988 por parte del Gobierno de José María Aznar otorgaba la potestad a la Iglesia católica de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto.
“Las 23.000 parroquias y los varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos”, ha señalado.
La inmatriculación por certificación no supone adquisición
Barriocanal ha recordado que el proceso de inmatriculación por certificación, (procedimiento por el que las administraciones públicas territoriales y la Iglesia católica pueden inmatricular sus fincas y acceder a la condición de titular registral), “no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien. El acto de registrar no concede la propiedad; simplemente, la registra. Los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general”.
Según ha dicho el vicesecretario de Asuntos Económicos, “a través de los mecanismos de inmatriculación por certificacion previstos en la ley (y que dejaron de ser operativos en 2015), lo único que se procuró es dejar constancia de una realidad que es anterior al propio acto de registrarla”.
Los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España “aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y, por supuesto, económica muy relevante”, ha señalado Barriocanal haciendo referencia a un estudio de la consultora PWC, según el cual estos bienes religiosos aportan a la economía española unos 22.000 millones de euros al año, el equivalente al 2 % del PIB.
“La religión debe quedar en la esfera privada”
El presidente del PP, Pablo Casado, de visita en Melilla, ha señalado respecto a este tema que espera que “el gobierno con más ministros que cualquier otro gobierno de nuestra historia esté a lo importante, que defienda a España; más que a cuestiones que pasaron hace 40 años o relativas a la religión que deben quedar en la esfera privada, le pedimos su implicación cuanto antes en otros problemas que son más importantes”.
