Desde el pasado 13 de octubre más de 10.000 personas caminan, procedentes de Honduras, por El Salvador y Guatemala con destino a México y Estados Unidos. Una Caravana de Migrantes que “ha desbordado” a instituciones y sociedad civil, tal como explicó Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita a Refugiados en México, en una rueda de prensa organizada en la tarde de hoy, 29 de octubre, por Entreculturas y ALBOAN en Madrid.
“En México hace tres años que se vive una crisis humanitaria por la que ya han pasado medio millón de personas”, pero no se le había dado cobertura hasta que, el pasado 13 de octubre, comenzara este “éxodo masivo”. Ante la “incapacidad de las instituciones de actuar desde un primer momento de manera correcta” destacó la implicación de los vecinos de las localidades por las que ha pasado la caravana, ya que “muchos han ayudado con comida, ropa, e incluso ofreciendo sus casas para que los migrantes tengan un lugar donde dormir”.
Villaseñor también destacó que “en muchos puntos del camino” la situación se vuelve “bastante complicada para estas personas”, hasta un punto que “muchos han decidido volver a Honduras”. Sin embargo, de ellos poco o nada se sabe ya. En Tapachula “se han quedado detenidas unas 1.500 personas de una forma bastante violenta”, ya que “es habitual” la detención de los pequeños grupos que se separan de la caravana.
Especialmente vulnerables
Así, ante la huida durante estas detenciones, “ha habido familias que han quedado separadas sin posibilidad después de volver a juntarse”. “También sabemos que se realizan deportaciones, pero es gente de la que ya no sabemos si han vuelto a su país ni en qué condiciones lo han hecho”, afirmó. Y es que, algo que se ha hecho “con mucha frecuencia” ha sido “criminalizar a estas personas, cuando lo único que pretenden es tener una vida mejor”.
Sin embargo, lo cierto es que son personas especialmente vulnerables a “sufrir violencia”. “Ahora mismo la Caravana está intentando evitar el estado de Veracruz, que es uno de los más peligrosos, y después seguirán hacia Puebla y Ciudad de México”. “En México hay una situación interna de violencia muy importante”, lo cual hace que “el trayecto sea bastante difícil, sobre todo en las dos semanas aproximadamente que pueden faltar para que lleguen a la frontera con Estados Unidos”.
“El resultado de una olla a presión”
Por su parte, el padre Ismael Moreno, una de las principales voces de denuncia en Honduras, dijo que la situación actual “demanda un debate abierto a nivel social”, ya que “desde la perspectiva hondureña” este éxodo masivo es “el resultado inesperado de una olla a presión que ha ido creándose durante años, atizada por el fuego de la inestabilidad”. Moreno señala como causa de esta situación un “modelo de desarrollo basado en la industria extractora y la continua privatización de bienes y servicios sociales”, lo cual ha concentrado la riqueza del país “en una pequeña parte de la población”. “Unos 6 millones de hondureños están fuera de la economía formal, de los cuales al menos cuatro millones están en situación de desempleo”, apuntó.
Sin embargo, pocas voces que se han alzado para acabar con la situación en el país, “insistiendo en un cambio de rumbo”, las instituciones “y los sectores acomodados de la población”, contando con el respaldo del Gobierno estadounidense “han avalado la corrupción y la impunidad”, alcanzando unos niveles en los que “este último año se ha dado apoyo a un gobierno basado en el fraude electoral y cuya oposición ha sido completamente eliminada”, mantuvo.
Ante esta situación, “miles y miles de personas han salido y continuarán saliendo de Honduras, por muchas murallas militares que se pongan en las fronteras y por muchos programas que se prometan para que la gente vuelva”. Unas promesas que, para Moreno, pueden suponer “una trampa para que estas personas no lleguen a Estados Unidos”, como aquella que hace unos días anunciaba Peña Nieto, por el cual se ofrecía empleo a los migrantes.
