La dura sentencia contra José María Martínez, exprofesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, del Opus Dei, por haber abusado sexualmente y de forma continuada de uno de sus alumnos cuando este tenía 12 años, ha convulsionado a la sociedad vasca y, particularmente, a la comunidad eclesial. Por la abultada condena, once años, pena que casi cuadriplica la petición de la Fiscalía y que es superior a lo que reclamaba la acusación particular; y por tratarse de un centro religioso histórico, emblema de la prelatura en el País Vasco. El fallo salpica, demás, al Vaticano, puesto que una investigación interna de la Santa Sede concluyó que no había caso y exhortaba a restituir el “buen nombre” del docente. La Justicia civil y la eclesiástica han discurrido de manera paralela y con unos resultados diametralmente opuestos.
El calvario de este gravísimo asunto se inició hace diez años, en el curso 2008-2009, cuando habrían comenzado los abusos, que se habrían repetido en 2010. La institución educativa reconoció en su día la existencia de algún episodio de acoso escolar que habría sufrido la víctima, pero siempre mantuvo la presunción de inocencia del profesor y preceptor en la denuncia de abusos, por los que se interpuso ya una querella en toda regla en 2015. Tanto la Inspección de Educación como la Fiscalía de Menores investigaron el caso, pero lo archivaron. El propio colegio realizó su propia auditoría y tampoco encontró pruebas delictivas. El Opus Dei, a iniciativa de su sede en Roma, también indagó en la denuncia con resultados idénticos a los anteriores.
Giro inesperado
Fue entonces cuando el caso dio un giro inesperado al apelar la familia al Vaticano. Los padres de la víctima llegaron hasta el propio Papa a mediados de diciembre de 2014, gracias al empeño de distintas autoridades eclesiásticas españolas que gozan de la confianza del Pontífice. Francisco escribió una postal a la familia informándola de que había ordenado una “investigación canónica”, que fue trasmitida a la Congregación para la Doctrina de la Fe el 7 de enero de 2015. ¿Por qué Roma se embarcó en una investigación tan extraordinaria cuando la denuncia era contra un civil? ¿Pensó de manera errónea que se trataba de un cura?
La Santa Sede nombró un delegado pontificio ‘ad causam’ que solo debía reportar a Roma y que trabajó de manera autónoma, al margen de la Diócesis de Bilbao y de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Pero esa persona era Silverio Nieto, responsable del servicio de Asuntos Jurídicos de la CEE, ahora miembro de la recientemente creada comisión antipederastisa. Nieto, que dedicó al caso seis meses, visitó Vizcaya en junio. ¿Lo hizo en calidad de notario? A mediados de julio el informe ya estaba en la mesa del cardenal Müller, entonces prefecto de Doctrina de la Fe. En la primera semana de octubre, mediante una carta firmada por el mallorquín Luis Fernando Ladaria, en ese momento secretario del dicasterio, Roma anunciaba el cierre del caso por “falta de elementos” y ordenaba el “restablecimiento del buen nombre del profesor”.
Es verdad que no se han presentado pruebas. Ha sido testimonio contra testimonio. Pero el tribunal ha creído a la víctima y ha elevado a la categoría de prueba su relato. ¿Qué va a pasar ahora? Se da por seguro que el Vaticano no se pronunciará porque la sentencia no es firme, pues será recurrida ante el Tribunal Supremo. ¿Y cuando se cierre la causa penal? No hay proceso para laicos, salvo ‘penas espirituales’. Lo único que podría hacer Roma es dictar una excomunión, pero que se podría levantar con el arrepentimiento del condenado. No pocos creen que se asumirá la condena civil y punto.
