(Darío Menor– Corresponsal en Roma) La mala digestión que Italia está haciendo de la inmigración puede resumirse en una imagen aparecida en los medios el pasado mes de julio: dos cuerpos sin vida tendidos en la arena tapados con toallas; al fondo, ajena a lo que ocurre, una pareja de veraneantes disfruta tranquila del cálido sol de un buen día de playa. La fotografía era impactante, pero lo era aún más conocer los detalles de lo que había pasado en aquella playa, Torregaveta, situada cerca de Nápoles. Los dos cuerpos eran de Violetta y Cristina, dos niñas gitanas de 12 y 11 años que, después de pedir limosna por la playa, se habían ahogado cuando una ola les mostró que no sabían nadar.
Una vez confirmada la tragedia y tapados los incómodos ojos sin vida de las pequeñas con una toalla, los bañistas continuaron como si nada hubiera pasado, comiendo, riendo y disfrutando de las olas. Algunos, incluso, sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a realizar fotografías a los cuerpos. “Un souvenir más de las vacaciones”, debieron de pensar.
La escena provocó que el arzobispo de Nápoles, cardenal Crescenzio Sepe, decidiera varear la conciencia colectiva de los italianos y, en especial, de los napolitanos. “Mirar hacia otro lado o dedicarse cada uno a sus cosas es a veces más devastador que el propio suceso”, dijo Sepe, para quien imágenes “tristes y horribles” como ésta hacen “más daño” que la crisis de las basuras, que ha afectado a la ciudad partenopea y a su región, Campania, en el último año. “La indiferencia no es un sentimiento para los seres humanos. Es hora de hablar claro sobre Nápoles”.
La muerte de Violetta y Cristina se producía dos meses después del episodio que de forma más violenta mostró la desconfianza de los italianos hacia los gitanos: el ataque al campamento de Ponticelli, en los suburbios napolitanos. En medio de las primeras declaraciones de Silvio Berlusconi sobre la “mano dura” que su Gobierno iba a tener con los inmigrantes, vecinos de ese deprimido barrio focalizaron en los gitanos la ira acumulada por años de degradación y falta de inversiones del Estado. Entre gritos de “¡Fuera!”, prendieron fuego a las chabolas de los gitanos. La Camorra, la mafia napolitana, que todo lo controla en aquella zona, organizó los ataques. Antes había permitido la presencia de los gitanos y sus delitos a cambio de un impuesto de 50 euros por chabola, pero ante el riesgo de que atrajeran demasiado la atención de la Policía, la Camorra decidió echarlos.
Las escenas han sido los momentos más visibles de los casi 170.000 gitanos que viven en Italia, de los que 70.000 tienen nacionalidad italiana y 90.000 provienen del Este de Europa, especialmente de Rumanía. Esta minoría, conocida como rom, no es homogénea ni cuenta con solidaridad entre sus miembros. Visitar alguno de los campamentos que existen a orillas del río Tiber, en Roma, da una idea de que los gitanos transalpinos poco tienen que con sus hermanos del Este. “Sí, somos de la misma raza, pero nosotros hemos nacido aquí y tenemos pasaporte italiano. Han venido estos últimos años y manchan el nombre de los gitanos con sus crímenes. En todas las razas hay delincuentes, por lo que no es justo lo que se está diciendo de nosotros”, cuenta Nicolás, uno de los patriarcas de un céntrico campamento de Roma.
‘Mano dura’
Aunque con el Ejecutivo de Il Cavaliere se ha endurecido la actitud, fue el Gobierno anterior, comandado por Romano Prodi, el que inició la “mano dura”. Tras la violación y asesinato de una mujer a manos de un rom, a Prodi no se le ocurrió mejor manera de tranquilizar a la opinión pública que lanzando un decreto para expulsar de urgencia a los inmigrantes que constituyeran una “amenaza para la sociedad”. Con la llegada de Berlusconi en abril, se han tomado nuevas medidas para controlar a los gitanos. Primero fueron las redadas de la Policía en los campamentos y, luego, la decisión de tomar las huellas dactilares a los miembros de esta minoría para establecer un censo. En la UE no ha gustado esta actitud. El Parlamento Europeo censuró las medidas por discriminatorias, aunque el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, dijo que confiaba en que Italia respetaría las leyes de la UE. La última crítica ha llegado del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que advirtió de que la xenofobia hacia los extranjeros puede empeorar debido a la política del Ejecutivo.
