La Santa Sede no intervendrá ni como parte ni como mediadora en la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y buscar un destino diferente a la catedral de la Almudena. Así lo volvió a manifestar el pasado sábado el portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, al asegurar a través de una nota que “sobre el traslado de los restos de Franco no tengo nada que agregar respecto a lo ya afirmado por la Santa Sede”.
“El asunto concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local”, reitera en el comunicado Gisotti, que de esta manera devuelve la pelota al ámbito nacional. Estas declaraciones tienen lugar apenas dos días después de que se hiciese público que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se haya negado a que el Ejecutivo acceda a los restos a través de una misiva fechada el 26 de diciembre.
Nuevo intento de presión
Ante la decisión de Cantera, el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez manifestó el interés de llamar de nuevo a la puerta del Vaticano, como hiciera la vicepresidenta Carmen Calvo el pasado octubre con su visita al secretario de Estado Pietro Parolin. Se trató de una audiencia más que polémica, ya que por primera vez en la democracia española la Santa Sede rectificaba la versión dada por el responsable del Gobierno sobre un encuentro con el “primer ministro” del Papa, precisamente para matizar que
Lo cierto es que la decisión del prior del Valle de los Caídos vuelve a situar en el punto de mira a la Iglesia española. Desde un primer momento, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con el aval del presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, y el respaldo implícito de Roma, ha defendido que no se opone a la exhumación pero ha reclamado la necesidad de que la exhumación del dictador no se produzca por la fuerza, sino que sea fruto del diálogo y la familia.
De la misma manera, Osoro ha manifestado que no tiene potestad sobre el monasterio en tanto que es autónomo en su gestión -sí podría intervenir en aspectos doctrinales- como tampoco lo tiene sobre el nicho que la familia tiene en la cripta de la Almudena, donde desean depositar los restos de Francisco Franco en caso de que el Gobierno logre retirarlos del Valle de los Caídos.
En la práctica, tanto Osoro como Blázquez no desean que la Iglesia se convierta en un “enemigo” del Gobierno, esto es, que se le juzgue como un actor político, un papel que sí estaría jugando de alguna manera el prior benedictino. De hecho, desde el Arzobispado de Madrid habría cierto malestar con el religioso por su actitud, en tanto que no existe una comunicación fluida por la cual el responsable del monasterio se ponga en contacto, al menos por cortesía, con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, al que está circunscrito el convento.
