La región amazónica es uno de los ecosistemas con más biodiversidad del planeta y, también, de los más amenazados por la actuación del ser humano. Con 5.5 millones de km², se alimenta de grandes ríos que confluyen en nueve países, albergando una gran diversidad cultural y biológica: 33 millones de personas, 390 pueblos indígenas, 145 pueblos en aislamiento voluntario y 240 lenguas habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas.
Y en este marco incomparable, y dentro de la campaña ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’, impulsada por la iniciativa Enlázate por la Justicia, que integran Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES, se están produciendo graves vulneraciones de los derechos humanos, como se ha puesto de manifiesto en la mañana de este 24 de enero con la presentación, en Madrid, de un informe elaborado por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), en donde, a lo largo de 300 páginas, se documentan hasta 13 casos de agresiones y abusos perpetrados contra comunidades y pueblos de la Amazonía en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.
“Los impactos de las políticas de colonización, ocupación territorial y de extracción de recursos en la Amazonia, han sido enormes. Los pueblos indígenas, pequeños agricultores y ribereños luchan en defensa de su territorio y de su vida frente a los megaproyectos extractivos y de ampliación de la frontera agrícola de monocultivo que les expulsa de sus tierras, los desplaza y aniquila, sometiéndoles a un sin número de injerencias y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Mientras tanto, esta realidad se intensifica por la acción de los Estados, que priorizan el crecimiento económico a través de políticas públicas al servicio de un sistema extractivo y del capital”, denuncia el informe.
Historias con rostro
“Las denuncias que recoge este informe recogen trece historias con rostros de comunidades campesinas, indígenas y ribereñas, trece historias de denuncia en clave de esperanza”, señaló en la presnetación Eva Cruz, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española y miembro del Grupo Motor de Enlázate por la Justicia.
“Este informe recoge una realidad muy poco visibilizada, y representa la voz de las personas, de hombres y mujeres, que han sido descartadas por los gobiernos de sus países”, señaló Sonia Olea, abogada de Cáritas Española y colaboradora en la elaboración del informe.
De izquierda a derecha, Eva Cruz, Lily Calderón y Sonia Olea
“El objetivo, además de visibilizar, es ofrecer las propuestas que nos hacían las comunidades en relación al acceso al agua potable, a la demarcación de tierras que sirva para proteger sus territorios ancestrales y otras demandas, para traducirlo a un lenguaje internacional y presentarlo ante la Organización de Estados Iberoamericanos, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hemos presentados estas incidencias, aunque la mayor propuesta que nos han hecho es que los pueblos de la Amazonía quieren ser los titulares de su tierra, de su agua y de su aire”, subraya Olea.
Sobre los sufrimientos que las actuaciones de gobiernos y multinacionales están dejando en aquellas comunidades con actuaciones que consideran arbitrarias, habló en persona Lily Calderón, abogada de Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, para resaltar, entre otras cuestiones, la paradoja que supone que “la fuente de vida en la Amazonía son los ríos y la vida se hace a la orilla de los ríos, pero esas comunidades no tienen derecho a un acceso al agua conforme a la Organización Mundial de la Salud”.
El medioambiente, ¿una traba para el desarrollo?
“Se dice que la finalidad de un Estado es la defensa de la persona, de sus habitantes, y también se dice que hay que respetar los derechos. Sí, se dicen muchas cosas, pero la realidad es otra. Cuando el Estado te dice que el medioambiente es una traba para el desarrollo y que el indígena es una minoría y, por tanto, no tiene derecho a participar en la toma decisiones públicas, te das cuenta que el desarrollo económico para estos Estados tiene otro objetivo”, señaló la joven activista peruana.
Calderón contó el caso de la comunidad de Cotoyaco, engañada por el Gobierno peruano, que concedió al Grupo Romero grandes extensiones de terreno para el monocultivo de palma aceitera, convirtiendo aquellos territorios en áreas degradadas hasta el punto de que ahora no tienen agua.
Empleados de Petroperú cargan sacos con restos del crudo vertido al río Morona
“Cuál es la solución que ofrecen ahora? La empresa lleva agua a la comunidad cada quince días mediante cisternas, lo que es denigrarte para una pueblo que vive del agua y en el agua, condenándolos a marcharse a la ciudad y a vender sus tierras a la empresa, para que pueda seguir ampliando él área para cultivar. Pero olvidan que “la Amazonía es como El Corte Inglés: no se pueden mezclar los productos pesticidas con los de alimentación”, afirma rotunda Calderón.
Esperanza en el Sínodo panamazónico
Calderón, sobre la que pesa una denuncia en su país, afirmó no sentirse preocupada por esta cuestión. “Me tiene sin cuidado. La cuestión que me preocupa es que la gente desista de luchar por sus derechos, porque la gente que trabaja en la promoción de estos derechos está estigmatizada y no podemos ocupar cargos públicos, tenemos que irnos a otros lugares o te hacen campañas en contra en medios de comunicación que tienen la capacidad de comprar”.
El Sínodo sobre la Amazonía que se celebra el próximo mes de octubre en Roma, convocado por el papa Francisco, es visto por estas organizaciones con esperanza, pues “es una gran puerta para que muchos problemas que han sido callados durante muchos años salgan a la luz y lo que salga de esa asamblea sinodal será muy importante para darles tirón de orejas a los Estados, pues muchos países sentirán vergüenza internacional cuando les digan a la cara lo que están haciendo en sus tierras y otros muchos estados extranjeros ya tendrán que pensárselo para invertir en esos lugares”, concluyó la coautora del informe, que ella misma presentó en Bruselas.
