Tener trabajo ya no es sinónimo de vivir con dignidad. Así lo certifica Cáritas Española que denuncia que casi dos millones y medio de trabajadores viven en situación de exclusión por precariedad laboral. Aunque el paro desciende a cuentagotas, la crisis económica no solo ha cronificado la pobreza, sino que ha situado la posibilidad de acceder a un trabajo estable y decente en un listón difícilmente alcanzable.
La Iglesia realiza una labor ingente para promover la salida al mercado laboral de los colectivos más vulnerables, como muestra el hecho de que, solo en 2017, Cáritas ayudara a encontrar un trabajo a más de 13.500 personas. Sin embargo, cabe preguntarse qué está fallando en las bases del Estado del Bienestar para que haya que salir al rescate de tantos parados de larga duración, migrantes, mujeres y jóvenes. Ni los poderes públicos ni los empresarios parecen asumir su responsabilidad a la hora de garantizar los derechos básicos, y lamentablemente continúan primando la búsqueda del máximo beneficio económico a costa de la persona. ¿Hasta cuándo? Un sistema financiero ético y sostenible es posible. Pero falta voluntad para un verdadero pacto social.
