Luego de que el pasado 16 de mayo el Congreso del Estado de San Luis Potosí (México) aprobara la legalización del llamado “matrimonio igualitario”, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el sacerdote Juan Jesús Priego, defendió el derecho que tiene la Iglesia católica a expresar su opinión sobre este tema, “sin faltar el respeto a nadie, sin dañar y sin discursos de odio”.
El mismo día de la aprobación del matrimonio igualitario, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero envió un comunicado al presbiterio local en el que dejaba claro que, para la Iglesia, el matrimonio seguirá siendo la alianza indisoluble entre un hombre y una mujer.
Explica el sacerdote que dicha declaración del arzobispo fue interpretada como un “discurso de odio”, de tal manera que el líder de la Red de Diversificadores Sociales, Paul Ibarra, habría interpuesto una queja ante la Secretaría de Gobernación.
Simple doctrina
En entrevista para Vida Nueva, Priego Rivera explicó que la Iglesia respeta profundamente a las personas por sus tendencias, preferencias y religión, “y nunca va a discriminar a nadie; sin embargo, estas declaraciones fueron interpretadas por los movimientos LGBTI como un discurso de odio”.
La doctrina de la Iglesia católica es clara en el sentido de que el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer, y por ello –agregó– “nosotros hubiésemos querido que le pusieran otro nombre a esa unión; porque dándoles ese nombre, la adopción se vuelve casi automática”.
Consideró alarmante que la Iglesia no pueda expresar su opinión. “Como Iglesia tenemos derechos, estamos reconocidos ante Gobernación, y esta Secretaría conoce el Derecho Canónico porque es parte de los estatutos que, como Iglesia, entregamos para nuestro reconocimiento oficial; ellos conocen los cánones y saben cuál es nuestro concepto de matrimonio, y en ese sentido, estamos confiados en que no se va atentar contra la libertad de expresión, porque si ellos tienen la libertad de expresarse, también nosotros la tenemos”.
La sanción que ellos esperan –detalló- “puede ser una llamada de atención, que se nos obligue a pedir disculpas o una sanción económica. Si se nos pidiera que hiciéramos un acto de disculpa pública, sería ofender la libertad de expresión y la libertad religiosa de al menos el 80% de los habitantes del Estado que son católicos y que creemos en el matrimonio entre hombre y mujer”, dijo.
La otra cara de la moneda
Juan Jesús Priego refirió que “algunas personas” les han hecho llegar los comentarios que hacen los grupos LGBTI sobre la Iglesia, y “son de una agresividad tal, que si quisiéramos interponer una demanda, incluso la ganaríamos, ya que hablan de agredirnos, asesinarnos e incluso quemarnos. Nosotros hemos sido respetuosos de la dignidad humana; sin embargo, ellos se expresan con desprecio, con violencia, con odio; esperamos que prevalezca el buen sentido y se nos deje profesar nuestra fe, como siempre lo hemos hecho”.
Sobre el argumento de que la modificación normativa en San Luis Potosí responde a la necesidad de “proteger a todas las familias”, Juan Jesús Priego explicó: “por supuesto que tenemos que proteger a las familias; no estamos en contra de que se unan estas personas utilizando otras figuras jurídicas, de tal manera que no se cambiara el Código Familiar de San Luis Potosí; eso es lo que nosotros queríamos. Pienso que había otras figuras para proteger precisamente a este tipo de uniones; sin embargo, utilizaron la palabra matrimonio”.
Para el sacerdote, “la mejor manera de proteger a las familias es velar por su seguridad. Lo que necesita nuestro país es velar por todos, no sólo por las minorías, sino por las mayorías que están perdiendo la vida de una manera violenta, indiscriminada, con una violencia que también nos ha tocado a nosotros. Si el estado de verdad quiere velar por las familias, que se ponga a trabajar por su seguridad”.
Foto: El Sol de San Luis
