El cardenal George Pell, antiguo prefecto de la Secretaría para la Economía, debe de estar esperando con impaciencia la llegada del día de mañana, miércoles 5 de junio, la fecha en que el Tribunal de Apelación del Estado australiano de Victoria tiene previsto celebrar la primera audiencia del nuevo proceso al purpurado después de que recurriera la condena que le fue impuesta el pasado diciembre, cuando se declaró inocente.
Le cayeron entonces 6 años de cárcel por abusar sexualmente entre 1996 y 1997 de dos muchachos de 13 años de edad que formaban parte del coro de la catedral de Melbourne, de la que en aquella época era arzobispo.
Proceso administrativo en el Santo Oficio
El fallo, que no se hizo público hasta febrero para no interferir con otro proceso, provocó una sacudida en la jerarquía eclesiástica, pues Pell es el más alto cargo de la Iglesia condenado y encarcelado por pederastia. Además de ‘ministro’ de Economía formaba parte del Consejo de Cardenales, el grupo de purpurados que asesoran al papa Francisco en la reforma de la Curia y en el gobierno de la comunidad católica.
El australiano ya no ostenta ninguno de esos cargos, pero sigue siendo cardenal. Después de que se hiciera pública la pena en febrero, el Vaticano anunció que la Congregación para la Doctrina de la Fe le había abierto un “proceso administrativo”, que está a la espera de conocer el resultado del juicio de apelación.
Irregularidades en el proceso
Serán ahora tres jueces y no un tribunal popular, como ocurrió en primera instancia, los que decidirán la suerte del purpurado, de 77 años, que justificó su recurso a la condena alegando tres motivos. El primero es que el veredicto no estaba basado en las pruebas que se expusieron; el segundo, que el magistrado se equivocó al impedir a la defensa mostrar un video; y el tercero, que se cometieron irregularidades al no permitir al acusado hacer un alegato final frente a los miembros del tribunal popular.
Si los jueces acogieran la primera de las motivaciones planteadas por Pell, la condena sería anulada y sería puesto en libertad. En caso de que optaran por el segundo o tercer argumento habría que realizar un nuevo proceso.
