Acaba de conocerse que el Gobierno salvadoreño de Mauricio Funes, en una decisión que representa un giro absoluto en la posición que habían mantenido sus antecesores en el cargo, ha asumido la responsabilidad del Estado en el asesinato, el 24 de marzo de 1980, del entonces arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, y ha anunciado que hará efectiva “de buena fe” la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2000 en la que se instaba a investigar el caso para identificar, juzgar y castigar a todos los responsables del crimen, así como a derogar la amnistía, reparar los daños y otorgar una indemnización.
La Iglesia católica en el país, que a través del que fuera auxiliar del asesinado, Gregoria Rosa Chávez, se ha mostrado satisfecha ante tan esperanzadora noticia, tiene ahora otro motivo más para hacer también justicia con Romero y reactivar el proceso de canonización de este ‘mártir del pueblo’, para que su causa no caiga en el olvido.
En el nº 2.683 de Vida Nueva.
