La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha aprovechado la jubilación del nuncio Renzo Fratini para desempolvar el ariete anticlerical a golpe de fiscalidad. Una vez más, la líder socialista ha echado mano del recurrente y errado argumentario en el enésimo intento de culpar o, al menos, responsabilizar a la Iglesia del freno en la exhumación de Francisco Franco.
Resulta inconcebible que se intente utilizar a la Iglesia como si fuera un partido, buscando que entre en un combate electoralista de medias verdades. Así queda de manifiesto después de que Vida Nueva haya confirmado que la vicepresidenta del Ejecutivo ha mentido, y miente, sobre el contenido de la reunión que mantuvo en octubre con el secretario de Estado Pietro Parolin. Ya entonces la Santa Sede emitió un inusual comunicado para puntualizar la versión dada por Calvo sobre Franco, pero mantuvo un diplomático silencio sobre sus comentarios respecto al régimen fiscal de la Iglesia. Ahora, este nuevo entuerto anula su credibilidad como interlocutora ante los obispos y la Santa Sede, pero también ante cualquier otra institución o Estado, algo de lo que deberían tomar nota en La Moncloa y recuperar el fair play.
