Aunque el Gobierno ha preparado el terreno haciendo que en la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos conociesen en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo dando luz verde a la exhumación de Francisco Franco, enterrado junto al altar mayor de la basílica, parece que las cosas no son tan sencillas; el prior, Santiago Cantera, en consonancia con las demás autoridades eclesiásticas, había señalado al poder judicial como el encargado de resolver el lío político en torno a los restos del dictador. Ahora un escrito ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo publicado en la web de El Independiente, muestra nuevos recelos al considerar que la sentencia no cierra las dudas de la comunidad monástica. La misma web adelantó el contenido de las cartas del Gobierno a la abadía.
En periodo electoral
Para Cantera, la medida y su aplicación urgente –como justifica el Gobierno de Sánchez– es “meramente electoralista” y se reafirma en recordar que ningún funcionario podrá entrar en el templo “sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica” ya que supondría “violación de un lugar sagrado”. A este argumento habrían ido dirigidas las cartas enviadas al monasterio por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Por ello, en su escrito se opone a que se intervenga en la basílica hasta que el propio tribunal no responsa los recursos abiertos, más allá de la medida del Consejo de Ministros que ha convalidado esta medida provisional, y amenaza con acudir al Constitucional en caso de entrar sin dicho permiso por se una vulneración de un derecho fundamental –la inviolabilidad de los lugares sagrados y la libertad religiosa en este caso–. Y es que, en los archivos del Supremo quedan pendiente las alegaciones presentadas por los propios benedictinos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, ya que solo se ha cursado la presentada por los nietos del dictador.
En el texto, el abogado de los monjes alega que “no puede alzarse una medida cautelar destinada a conjurar el riesgo de vulneración irreversible de derechos fundamentales de la abadía por el simple hecho de que se haya desestimado en la sentencia una denuncia de vulneraciones de derechos de terceros (la familia Franco), distintos de mi representada”. Para la comunidad una medida irreversible como el traslado a El Pardo dejaría en el aire cualquier fallo contrario a la petición presentada por los monjes que presentan argumentos diferentes al fallo emitido hasta ahora.
Urgencia cuestionable
Por estos motivos, el abad no está en condiciones de dar el permiso de entrada, como responsable de la “tutela efectiva” de los restos de Franco, aunque haya un Decreto ley del Gobierno hecho a medida para el traslado. Ello “lleva a la absurda conclusión de que una de las partes de un tratado internacional puede modificarlo unilateralmente, a su antojo, mediante una ley interna”, alegan desde Cuelgamuros alegando “indefensión” ante esta forma de legislar.
Además, el prior no reconoce que se dé en este caso la urgencia que señala el Ejecutivo en poner en marcha el traslado de los restos 40 años después. El Gobierno fijó un plazo de 5 días a Cantera para presentar objeciones o autorizar la entrada al templo. Parece que en Moncloa, el Gobierno en funciones, puede seguir esperando. Por parte de otras instituciones eclesiásticas no ha habido reacciones oficiales, por el momento.
