Uno de cada cuatro alumnos españoles estudia en la escuela concertada, que en su mayoría se encuentran en manos de entidades eclesiales, principalmente ligadas a la vida religiosa. Sin embargo, la supervivencia de este modelo educativo está en juego desde hace tiempo. Ya supuso un esfuerzo ingente por parte de las congregaciones el hecho de dar continuidad a estas obras, a pesar de la falta de vocaciones religiosas. La creación de fundaciones, pero sobre todo, la delegación de la labor educativa en los laicos, ha permitido la actualización y enriquecimiento de sus carismas en las aulas.
La baja natalidad también ha hecho mella a la hora de contar con suficiente alumnado, generando incluso episodios de competencia entre centros hermanos. Estas dificultades se han suplido, en parte, gracias a la comunión que representa Escuelas Católicas como plataforma aglutinadora, además de una apuesta sin fisuras por reforzar la identidad, el bilingüismo y la innovación pedagógica.
Sin embargo, a pesar de ser una referencia en nuestro país, las cuentas no le salen a la concertada. La presión política, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, parece buscar ahogarla por todas las vías a su alcance. Por un lado, con los intentos de eliminar el criterio de “demanda social”, ese que sitúa a los colegios concertados como una opción preferente a los públicos. Por otro, eliminando, sin justificación objetiva ni previo aviso, líneas de concierto y restando alumnos de golpe. Pero, sobre todo, retrasando los pagos para las nóminas del personal y congelando los salarios. Este contexto desfavorable ha generado un déficit, en 35 años, del 25% de los ingresos con respecto a la pública.
El ataque más reciente se centra en cuestionar las aportaciones voluntarias mensuales de los padres, que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para intentar subsanar la carencia de recursos procedentes de los poderes públicos. Aun así, la escuela concertada le ahorra al Estado unos 3.600 millones de euros al año.
Ante todas estas trabas, que a buen seguro serán ariete en la campaña electoral, no extraña que en tres años hayan tenido que echar el cierre casi 600 centros. Aun así, la escuela concertada no se rinde, porque la educación nunca será vista por la Iglesia como un negocio, sino pilar de misión evangelizadora.
De ahí, las innumerables acciones que Escuelas Católicas realiza para hacer ver que su proyecto educativo no solo es rentable, sino garante de la libertad de enseñanza. Reivindicando, además, un pacto educativo que confíe en una escuela abierta, la escuela de Jesús de Nazaret, como el verdadero sello de pluralidad y calidad de la enseñanza.
