Hemos seguido de cerca los acontecimientos del Sínodo sobre la Amazonía en el que “la Iglesia se compromete a ser aliada de los pueblos amazónicos para denunciar los atentados contra la vida de las comunidades indígenas, los proyectos que afectan al medio ambiente, la falta de demarcación de sus territorios, así como el modelo económico de desarrollo depredador y ecocida” (46). El texto llama a “defender los derechos a la libre determinación, la demarcación de territorios y la consulta previa, libre e informada”, teniendo en cuenta que “para la Iglesia, la defensa de la vida, la comunidad, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas es un principio evangélico, en defensa de la dignidad humana” (47).
El tema indígena ha estado de fondo en muchos de los debates. La realidad indígena en el continente está llena de claroscuros, aunque les es reconocido su legado histórico de custodia al conocimiento tradicional y a los recursos naturales, por otro lado han vivido un permanente desarraigo y han sido objeto de explotación de sus propios recursos naturales. Vale la pena preguntarnos ¿quién tiene el poder? ¿quiénes juegan el rol de opresores hoy día de los pueblos indígenas?
La declaración más completa sobre los derechos de los pueblos indígenas
Lamentablemente, el valor que damos a las comunidades indígenas no puede ser fácilmente cuantificable. En parte porque desde una óptica materialista vemos la realidad desde perspectivas muy diferentes a las culturas indígenas. Una de nuestras grandes diferencias con quienes se consideran indígenas es la cosmovisión y la forma de ver su entorno. El sentido de colectividad que hombres y mujeres impulsan en sus comunidades es sumamente determinante para considerar los bienes que consideran comunes. Rodolfo Stavenhagen, quien fuese relator especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas decía que “las especificidades culturales son también contribuciones a la cultura universal y no meras reliquias de un pasado en vías de desaparición”.
Precisamente, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007)” [1] es la declaración internacional más completa sobre los derechos de los pueblos indígenas y debe considerarse como el conjunto de normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Contiene derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, entre éstos el derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar tierras, territorios y recursos. Los Estados deben dar reconocimiento jurídico y protección a estas tierras, territorios y recursos. La Declaración rompe con la idea asistencialista que persiste en muchos gobiernos, incluyendo el de México, exigiendo a los Estados que trabajen por una verdadera participación y consentimiento.
A pesar de que hemos ido tomando mayor conciencia sobre el legado indígena en muchos de nuestros países, lo cierto es que en nuestra cotidianeidad hay formas vigentes de opresión que marcan las políticas públicas de cultura, educación y salud; así como el cuidado de los recursos naturales y de las tierras. Los servicios públicos se han caracterizado históricamente por la falta de acceso a una educación, a una salud y a una forma de desarrollo que respete la identidad, la cosmovisión y la lengua indígena. Así las prácticas comerciales también incorporan la exclusión. Simplemente, en nuestro día a día, la mayoría de información está en español cuando en países como México se hablan más de 68 variantes de lenguas indígenas con palabras que no tienen equivalentes ni sentido.
En realidad, hemos ido construyendo ideas y categorías que si bien tienen un valor académico, pueden hacernos simplificar por demás la realidad y causar daño en detrimento de los derechos de otros. Tal es el caso de la idea de raza y etnia (término que creemos más amigable) que reflejan en sí nuestra forma de aislar la diversidad y encasillarla. Las conclusiones científicas dicen que no hay hechos concluyentes de la genética y biología para considerar que una lista de características físicas definen una raza o una etnia. Más bien ahora se prefiere hablar de identidad etnoracial para hacer referencia a la voluntad de adhesión a un grupo que comparte características sociales o físicas específicas. En el caso de los pueblos indígenas en México tenemos la figura de la autoadscripción que permite a las personas indígenas definirse como tales.
Tras el Sínodo, estamos llamados desde la Iglesia a portar los lentes de la interculturalidad, este enfoque nos invita a abordar las particularidades de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas. El enfoque intercultural debe contar con los dispositivos necesarios para identificar el tipo de sociedad en el que los pueblos indígenas y afrodescendientes u otros son incluidos de forma efectiva, proceso que, bajo este paradigma, no implica la asimilación a la cultura dominante, sino a un espacio en el que las culturas interactúan, dialogan y participan en igualdad de condiciones desde su definición.
[1] Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
