No solo abusaron de menores, sino que se trató además de niños con discapacidades. Muchos eran sordomudos y otros con trastornos cognitivos y mentales. El conocimiento de estos hechos surgió, hace unos años, cuando se conocieron los terribles relatos de lo que sucedía en el Instituto Antonio Próvolo de la ciudad de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Con este emblemático caso, la sociedad cuestionó fuertemente a la jerarquía eclesiástica por su pasividad y ocultamiento. Se esperaba, hoy, una condena que llevara cierta tranquilidad a los familiares de los menores.
En el juicio, cuyo veredicto fue dado a conocer hoy, estaban implicados dos sacerdotes de la Compañía de María: Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, además de un jardinero, Armando Gómez. Se los acusó por abuso y corrupción a once chicos sordos, de ambos sexos, de entre 7 y 17 años. Se refirieron hechos ocurridos entre el año 2005 y 2016; 28 ataques en total, que incluyeron torturas sexuales.
Las acusaciones
El sacerdote Corradi, de mayor jerarquía en el Instituto, recibió la condena de 42 años de cárcel por hechos en grado de autoría y coautoría o partícipe necesario, y figuras como la promoción de la corrupción de menores. Horacio Corbacho, encargado de la guarda de sus víctimas, recibió 45 años por hechos de abuso simple y con acceso carnal agravados por ser ministro de culto y aprovechar la convivencia con los menores. El jardinero Gómez contó con atenuantes (sordo, persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable), y tuvo una pena de 18 años.
Comunicado del Arzobispado de Mendoza
La Iglesia arquidiocesana emitió, después de conocerse las condenas, un comunicado. En el documento, expresan la solidaridad y cercanía con las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Desde el obispado, aseguraron sentirse desafiados a seguir trabajando para “evitar que estas situaciones se repitan”. Finalmente, reafirman, su compromiso “con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”.
