Las alertas en términos de salud han resonado en los últimos días. Por un lado, el coronavirus ha puesto los ojos en China, ha impactado su economía y ha despertado la paranoia mundial. Mientras al interior de México, miles de personas han denunciado que se se han quedado sin acceso a los medicamentos para sortear diversos padecimientos, entre ellos el cáncer. Éste ha sido un tema que se ha agudizado en los dos últimos años y que por ahora no hay explicación que justifique el no cumplimiento del derecho de acceso a la salud.
En 2018 Mexico fue un país firmante de la Declaración de Astaná comprometiendose a ofrecer atención primaria de salud y servicios de gran calidad en este rubro que sean seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles y asequibles para todos y en todas partes, prestados con compasión, respeto y dignidad. El derecho de acceso a la salud ha sido reconocido por México en distintas ocasiones y se cristaliza en el marco jurídico vigente y el sistema de salud. Actualmente en nuestro país se sabe, al menos teóricamente, que el acceso a los servicios de salud es uno de los derechos humanos que puede garantizarse a través de una estructura funcional. A pesar que México tiene un importante porcentaje de afiliación a los distintos subsistemas de salud, resulta preocupante el hecho que un gran porcentaje de estos hombres y mujeres inscritos al sector salud se quejen del servicio que reciben, de la ausencia de medicinas, de las fechas inéditas para una cita u operación y particularmente de la denegación de medicamentos.
Las historias conforme se van conociendo resultan desgarradoras, principalmente cuando a niñas y niños se refiere. Quizá no podemos entender a fondo su dolor, solamente conocemos su frustración y la de sus familias. Por lo que hasta hoy, no hay explicación de funcionario público que nos convenza de las causas del desabasto de medicamentos, como bien se puede tratar de la inhabilitación de empresas farmacéuticas o de procesos de compra en el extranjero, o de nuevas disposiciones para la emisión de recetas.
El papa Francisco, en su discurso ante el Cuerpo Diplomático el 8 de enero de 2018, dijo: “Defender el derecho a la vida y a la integridad física significa (…) proteger el derecho a la salud de la persona y de su familia. Hoy en día, este derecho tiene implicaciones que van más allá de las intenciones originales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pretendía afirmar el derecho de toda persona a disponer de la atención médica y los servicios sociales necesarios”.
La salud es integral, es holística y es interseccional porque expresa la dignidad de la persona humana, esto sin duda va más allá de la atención médica. Desde el legado de la Doctrina Social de la Iglesia, podemos comprender la salud como un bien común; es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible el desarrollo equitativo e igualitario, sobre todo a nuestras niñas y niños; el Concilio Vaticano II habla de cosas necesarias como el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección, al respeto y a la salud. También por eso debemos reconocer que desde nuestra Iglesia históricamente se han realizado diversas obras sociales y de caridad, apostolados y misiones dedicadas a la salud. A veces este trabajo se hace de manera silenciosa y con muy bajo perfil. Sin embargo, en estos momentos críticos, desde luego se requiere seguir impulsando el trabajo pastoral que ya se hace en este tema, sin dejar por el otro lado de alzar nuestra voz y denunciar la violación de este derecho universal.
