Un ingreso mínimo vital garantizado, el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, la regularización extraordinaria e inmediata de los trabajadores sin papeles y un pacto de Estado que apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente. Estas son algunas de las reclamaciones que, de cara al Primero de Mayo, acaba de plantear en su manifiesto la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente (ITD).
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En este Primero de Mayo “extraordinariamente marcado por la crisis de la pandemia”, el manifiesto reafirma “que el trabajo es para la vida, que debe garantizarse unas condiciones laborales que protejan la integridad física y psíquica de la persona, y que favorezca su protección social, esenciales para una vida digna”.
Indecente precariedad laboral
“No nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia del COVID-19 hubiera tenido un menor impacto sin la indecente precariedad laboral, ese ‘virus’ que caracteriza el sistema de relaciones labores, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis financiera”, señalan Cáritas, Conferencia Española de Religiosos-CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica-HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica-JEC y Juventud Obrera Cristiana-JOC, las organizaciones que forman esta plataforma eclesial.
El manifiesto, en el que también se insta a los partidos políticos a trabajar por un pacto de Estado que apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, se pone también el foco en “los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconocimiento laboral y social”.
Se trata –continúa el manifiesto– de unos sectores laborales que “en este momento de crisis sanitaria, se han ‘descubierto’ como esenciales para la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar de todas las personas y que no nos falten alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena”.
A pesar de ello, denuncia el texto, estos trabajadores siguen “ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos sin la protección adecuada”, por lo que lanza una llamada “para construir una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás”.
El manifiesto finaliza con una invitación “a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración”, y a “participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana”.
Y ello, en unos momentos en los que se ha producido “una debacle del empleo”, con 4 millones de trabajadores afectados por un ERTE; 3.548.312 personas desempleadas, según paro registrado a 31 de marzo de 2020; 1,4 millones de autónomos han cesado su actividad (solicitudes de ayuda por cese de actividad); 833.979 empleos destruidos; y más de 1 millón de parados (1.004.595) que no reciben ninguna tipo de prestación ni subsidio.
