Escuelas Católicas denuncia la “falta de concreción en las medidas anunciadas por el Gobierno para la desescalada”. Asimismo, reconoce que la comunidad educativa está “cansada de la constante ambigüedad” de las normas impuestas por el Ejecutivo.
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“No ayuda en nada a la comunidad educativa la forma en que el presidente del Gobierno da a conocer sus normas y orientaciones en la situación excepcional que estamos viviendo. Vemos con preocupación que caben diferentes interpretaciones de las mismas, que algunas de ellas son de difícil o imposible cumplimiento, que otras son manifiestamente ilegales, y que no queda claro a quién le corresponde en último término dictar las normas concretas, si al Ministerio de Educación y Formación profesional o a las diferentes comunidades autónomas”, indica la entidad en un comunicado.
Desde Escuelas Católicas se indica que “contribuye a enturbiar la situación el deseo de aprovechar este difícil período para aprobar apresuradamente la nueva Ley de Educación, o para crear confusión por la evidente contradicción entre la eliminación de la Educación Especial, prevista en el Proyecto de dicha Ley, y los desmentidos posteriores sobre esas intenciones”.
Al mismo tiempo, admiten comprender y respetar las medidas sanitarias que se tomen en cada momento, incluyendo que los alumnos no vuelvan a las aulas hasta septiembre. “Aceptamos el desgaste que está suponiendo para los docentes haber cambiado en tiempo récord la forma de enseñar y las graves consecuencias que puede tener esta situación en los propios centros; lamentamos las pérdidas de empleo que esto ha podido suponer en el ámbito de los servicios que ya no se están prestando, como el transporte escolar, el comedor o las extraescolares; y apoyamos a los alumnos y a sus familias por las situaciones complicadas que muchos están viviendo, por salud, problemas económicos y sociales”.
Sin más “paciencia”
Sin embargo, “lo que no podemos aceptar es el empeño del Gobierno en anunciar medidas en grandes titulares que no concretan su desarrollo y que solo añaden incertidumbre. El último anuncio del Gobierno sobre la famosa desescalada por fases ha terminado con la paciencia de muchos. De hecho, estamos recibiendo multitud de llamadas de centros que nos piden orientaciones para concretar los términos en los que van a desarrollar las medidas que afectan a educación. Pero, aunque estamos intentando hacer algunas aclaraciones, resulta imposible. Son muchas las dudas que preocupan a un sector ya cansado por un esfuerzo tan sostenido”.
Entre las dudas, Escuelas Católicas se pregunta: “Si es voluntario que algunos niveles vuelvan al colegio en junio, ¿es voluntario que el colegio abra?; si el profesor tiene que atender a los alumnos que vayan a clase presencial, ¿cómo atenderá la teledocencia?; si hay desdobles para que se reduzca el número de alumnos por clase, ¿con qué profesores se podrán atender?; ¿qué sucederá con los alumnos de 6 a 13 años si ambos progenitores tienen que acudir a trabajar presencialmente?; ¿los centros tienen obligación de ofrecer clases de refuerzo en Primaria o ESO?; ¿cómo se garantizará la distancia de seguridad entre niños de 0 a 6 años? Respecto a esto último, resulta curioso que ahora se atribuya este carácter asistencial a la Educación Infantil cuando desde los partidos en el Gobierno y organizaciones afines siempre se defiende, por razones ideológicas, que se trata de una etapa estrictamente educativa”.
La comunidad educativa, que engloba a alumnos, familias, docentes, personal de administración y servicios, equipos directivos y titulares de centros educativos, “está llegando al límite de su paciencia”, alertan. “Medidas ambiguas anunciadas en ruedas de prensa que luego se modifican, órdenes ministeriales contrarias a la legalidad vigente e intenciones ocultas en la aprobación acelerada de algunas leyes, parecen acercarnos más que a la llamada ‘nueva normalidad’, a una nueva forma de entender la democracia”, indican.
El futuro de los centros de Educación Especial
A toda esta “falta de certezas sumamos ahora la preocupación” por el futuro de los centros de Educación Especial. “Para que la sociedad sea inclusiva no es obligatorio que todos los niños asistan a aulas ordinarias. Escuelas Católicas trabaja para que las personas con necesidades especiales derivadas de la discapacidad reciban una educación de calidad que les permita una inclusión real en la sociedad. Y considera que los centros específicos son en muchos casos los que mejor pueden conseguirlo porque adecuan las condiciones educativas a sus necesidades”, añaden.
La escuela hoy “requiere de apertura inteligente y flexible para dar respuesta a todos y cada uno de los alumnos, pero ello no implica tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita, respetando siempre el derecho de elección de los padres para educar a sus hijos, ya sea en colegios ordinarios o en centros específicos, porque requieren una educación más individualizada, con personal especializado, espacios adaptados, ritmos concretos de aprendizaje, etc”, explican.
Por último, y mientras se concretan las órdenes ministeriales o las normas de las consejerías de Educación, “seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo en acompañar a nuestros alumnos en este complicado período, pero exigimos al Gobierno la claridad que merecen y necesitan los españoles”.
