Hace dos décadas y por un periodo prolongado, la población de Minas de Amagá –un corregimiento en el suroccidente antioqueño, en Colombia– padeció el flagelo del desplazamiento y la muerte por cuanta de grupos al margen de la ley.
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Ante los recientes asesinatos que, en lo corrido de este año, se han cobrado la vida de al menos cinco personas en el corregimiento, la diócesis de Caldas se ha pronunciado para “rechazar de manera contundente” los hechos violentos que impactan la vida de la población rural.
Tomar cartas en el asunto
“La diócesis expresa su rechazo a toda forma de violencia y expresa su preocupación a la sociedad en general y, en especial, a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y no desestimen tales hechos, pues su crecimiento va siendo exponencial”.
“La vida de todo ser humano es sagrada”, se lee en el comunicado de la jurisdicción eclesiástica colombiana, al tiempo que se denuncia que “el consumo y tráfico de estupefacientes –narcomenudeo– en la zona desde hace ya tiempo, es uno de los factores altamente desestabilizadores de la paz y la convivencia social”.
Asimismo, la diócesis de Caldas reclama que las acciones de las autoridades responsables de la seguridad de los habitantes del territorio, “en su mayoría gente buena, humilde y trabajadora”, son esporádicas e insuficientes, por cuanto “no representan la solución a problemas de mucha mayor complejidad“.
Vida digna
“Valor y dignidad de la vida humana, educación, espacios y proyectos recreativos, formación de las familias, empleo digno, diversificación del empleo, control y seguridad por cuenta de las autoridades“, deben estar entre las prioridades gubernamentales, según ha señalado la Iglesia.
Por su parte, la diócesis de Caldas ha manifestado a los habitantes y vecinos de Minas de Amagá “su acompañamiento y afecto incondicional. Su solidaridad y oración por las familias de quienes han sido asesinados, para que cesen las violencias en nuestras comunidades”.
