Al conmemorarse el quinto aniversario de la publicación de la carta encíclica Laudato si’, y ante los urgentes clamores de los pobres y de la Tierra, la Comisión del Congreso de Ecología Integral se ha pronunciado para pedir que sea replanteada la forma cómo se están priorizando las decisiones en el país durante la actual crisis por la pandemia del coronavirus.
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Pan para hoy, hambre para mañana
“Si optamos por mecanismos de explotación ambiental como respuesta a esta crisis, estamos generando: pan para hoy y hambre para mañana”, han manifestado los miembros de la Comisión, constituida desde septiembre de 2019, que incluye representantes de Cáritas Ecuador, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE), la Asociación Yaguarcocha, la Acción Ecológica y la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos (CER).
“Creemos firmemente que este es un tiempo de repensar el modelo de vida que tenemos, reconocer que como humanidad debemos reinventar la forma de vivir”, reclaman las organizaciones eclesiales, al tiempo que exigen que “no podemos estar sometidos a la dictadura de la tecnología, ni del cientificismo y menos del dinero por encima del derecho a la vida de las personas”.
Aún más, al invocar el llamado del papa Francisco a “no escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos”, la Comisión del Congreso de Ecología Integral subraya que “no pueden tomarse decisiones que condicionen el aparato financiero, y se desproteja a quienes mantienen de pie todo el proceso productivo en el país“, toda vez que “no es concebible que unos salgan más perjudicados, y otros se protejan con el discurso de que todos debemos arrimar el hombro para salir de la crisis”.
El grito de los pobres y de la Tierra
Una vez más, el grito de los pobres no es ajeno al grito de la Tierra, por cuanto la Iglesia critica las políticas públicas en materia económica que han favorecido y ampliado las actividades de extracción de petróleo, minería y mega-estructuras hidroeléctricas en el Ecuador, en detrimento de las comunidades en los territorios, cada vez más vulnerables, y la criminalización contra los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, “que ha aumentado durante la cuarentena, sobre todo en la Amazonía”.
Asimismo, preocupa “la situación de emergencia sanitaria y de atención en salud de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, ya que se requiere la atención inmediata para escucha y aplicación directa los protocolos de bioseguridad que proponen los territorios”.
No más impunidad
Al detallar algunos casos de agresiones en las provincias de Zamora, Loja y Esmeraldas, así como “los impactos socioambientales ocasionados por la ruptura del SOTE y OCP ocurrido el 7 de abril”, las organizaciones eclesiales exhortan “a las autoridades nacionales a que se realice un adecuado procedimiento judicial que dictamine las responsabilidades, tanto de Petroecuador, OCP y el Estado ecuatoriano”.
“En Ecuador se debe garantizar la vida digna de sus ciudadanos, no con énfasis en sus ingresos económico sino en la concepción misma de ser humano”, aseveran los miembros de Cáritas, REPAM, RENAPE, CER, la Asociación Yaguarcocha y la Acción Ecológica.
