A partir del 25 de junio, unos 255.000 ciudadanos recibirán el Ingreso Mínimo Vital, una prestación pública cuya cuantía oscilará entre los 462 y los 1.015 euros al mes. Se busca así salir al rescate de las 600.000 familias españolas que no tienen ningún tipo de ingreso, una cifra que ya se está disparando por la crisis del coronavirus.
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La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez llega cuando ya afloran los efectos de la pandemia socioeconómica sobrevenida por la emergencia sanitaria. Si bien es cierto que queda lejos del concepto de salario universal del papa Francisco, se trata de una ayuda más que necesaria para paliar, en parte, el abismo de la indigencia al que se están viendo abocados quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes del COVID-19.
Lamentablemente, esta renta no llegará precisamente a los últimos de los últimos, que continúan condenados al margen del sistema. De ahí la denuncia que Cáritas explicita en Vida Nueva, al constatar que, entre otros, quedan fuera los jóvenes menores de 23 años, los enfermos crónicos y los migrantes irregulares, el colectivo más estigmatizado por la opinión pública y el que cuenta con menos recursos para salir adelante.
Por otro lado, este ingreso corre el riesgo de convertirse en un paliativo si no viene acompañado de una batería de medidas que posibiliten un trabajo digno que permita romper con la espiral de la pobreza severa. De lo contrario, administrado de forma aislada, esta renta puede generar episodios de dependencia que perpetúen las diferencias sociales y cronifiquen la exclusión.
Economía sostenible
Por eso, urge poner en marcha un modelo de desarrollo económico sostenible, tal y como demanda una y otra vez la Iglesia de la mano de la Doctrina Social, y que esta misma semana aterrizaban los obispos catalanes, en una reflexión nacida a la luz del cierre de la factoría de Nissan en Barcelona. Tal y como señala la Conferencia Episcopal Tarraconense, se requiere impulsar un escenario laboral que tenga en el centro al ser humano, basado en “el diálogo, el acuerdo y la colaboración de los tres ámbitos implicados en el fenómeno productivo: el trabajo, el capital y el poder político”.
Los cristianos y sus pastores no pueden mantenerse al margen de una conquista esencial para cualquiera dentro de su misión evangelizadora y en sus planes pastorales, como si se tratara de un asunto que no incumbe por contar con aristas ideológicas o sindicalistas que impiden soluciones simplistas. La dignidad no se alcanza con una paga mensual, sino con el acceso real a un empleo decente con un sueldo justo que respete los derechos del trabajador. Es un mínimo vital y una máxima evangélica.
