¿Qué impacto tendrá el Covid-19 en las instituciones religiosas?

La crisis del Covid-19 dejará recuerdos difíciles de olvidar por las limitaciones de derechos en la mayoría de los países (libertad de movimientos, reunión, manifestación, expresión, etc.), con connotaciones más o menos dolorosas en función de la proximidad con la que ha podido golpear a los seres queridos, su salud, su trabajo o sus negocios.

Pero, respetando las prioridades de salud y atención a derechos fundamentales, si nos referimos al ámbito económico y social, podemos intuir que, habiendo sido muy duro lo ya soportado (ERTES, extinciones de contrato, reducción de salarios e ingresos, cese temporal de negocios…), lo peor está por llegar. Aún hay razones para no olvidar lo padecido con la crisis de 2008, que tenía sus orígenes, exclusivamente, en el sector financiero.

El sector religioso en España, que desde la declaración de la pandemia se vio lamentablemente limitado en la movilidad para cuidar y acompañar a sus frailes y monjas en comunidades y conventos, será verá impactado muy negativamente en casi todas sus actividades económicas. Lo que resulta muy preocupante, habida cuenta de que las instituciones religiosas, de manera prioritaria, tienen el foco de interés en los consumidores de sus servicios, los beneficiarios de sus actividades solidarias y caritativas y, necesariamente, en los trabajadores implicados en las mismas.

Analizando sus obras apostólicas, no es extraño encontrar a los institutos religiosos volcados en la educación, la atención a mayores en residencias y centros de día, la protección de la salud, la lucha contra la discapacidad, la inserción social, la acción social más básica (comedores, casas de acogida, etc.) y la acción pastoral en parroquias y otros lugares. Todo ello de difícil reorientación, por su claro acento vocacional.

Prácticamente, para el desarrollo de todas esas actividades, se precisa, al menos, el concurso de la financiación pública o del mecenazgo privado. Y hay que temerse que las administraciones –pese a las ayudas de la UE–, salvo programas especiales, reduzcan sus dotaciones, teniendo en cuenta las nuevas necesidades generadas (costes sanitarios, cobertura social al desempleo…) y la reducción de sus ingresos tributarios por la decreciente actividad.

En cuanto a sus obras de educación, residencias de ancianos, establecimientos sanitarios y otros centros especiales, tienen motivos para la preocupación; la ayuda pública se congelará o reducirá, mientras que el más que probable deterioro de la economía familiar irá en la misma dirección.

En la educación no universitaria, a distancia desde marzo donde se ha podido mantener, no hay certezas sobre cómo comenzará el nuevo curso, y se amenaza con hacerlo con parte de los alumnos no presenciales, jornada continua y ausencia de actividades y servicios extraescolares de grupo. Mala previsión, por tanto, para la privada y pésima para la concertada, cuyas pérdidas por la insuficiente financiación pública no podrá verse compensada.

Mal panorama sanitario

En cuanto a los titulares de residencias de mayores, que han sufrido especialmente con la crisis sanitaria, deberán sacudirse un estigma inmerecido, con un incremento de costes por las nuevas exigencias administrativas que tardarán en repercutirse a los destinatarios.

También los titulares de centros sanitarios, pese a su colaboración ordenada y activa en estos meses, deberán estar muy atentos a la previsible reducción de rentas de sus potenciales destinatarios, así como a la anunciada potenciación de la sanidad pública.

En consecuencia, un panorama muy desfavorable que obligará a reajustes económicos y, quizá, tendrá influencia directa sobre los trabajadores empleados en las instituciones.