Motivados por la situación que se vive a raíz de la pandemia por el Covid-19, el aislamiento prolongado, la crisis económica agravada y la imposibilidad de desarrollar las tareas esenciales en el caso de las escuelas, ambas instituciones presentaron unas reflexiones, pensando en el futuro. Se preguntaron entonces: “¿qué sociedad nos espera a la salida de la actual coyuntura? ¿Cuál será nuestro propio rol y el rol del Estado en la reconstrucción de un tejido social tan dañado?”.
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CONSUDEC y Faera consideran que para la salida de la crisis es necesario fortalecer y no debilitar a la sociedad civil en sus diferentes expresiones e instituciones. Reconocen que esta crisis puso en evidencia las desigualdades y carencias existentes, que serán –a partir de ahora– más graves. Remarcan que, aun con esta emergencia, la sociedad exhibe una “notable resiliencia”.
Opciones educativas
La Constitución Nacional garantiza a todos el ejercicio de los derechos de enseñar y de aprender. Por eso, a la hora de la construcción de un nuevo diseño social, ambas organismos afirman “la imprescindible necesidad de garantizar y fortalecer el pluralismo de opciones educativas legítimas“. En una sociedad democrática, aunque es deseable que haya valores compartidos, “de ninguna manera puede aceptarse la instalación de un pensamiento único impuesto de cualquier forma”.
Consideran que en materia educativa, es indispensable continuar reconociendo y garantizando el derecho de los padres y de las familias de dar a sus hijos una educación consecuente con sus valores y con su propia identidad, incluso religiosa. “Queremos defender la libertad de profesar nuestra fe, de cultivar nuestra identidad Católica y de comunicarla con convicción, respeto y alegría. Ese es nuestro aporte para cuidar la salud física, mental, y espiritual de nuestro pueblo”, afirman los responsables de las entidades vinculadas a la educación católica.
Las preocupaciones
En la declaración, tanto CONSUDEC como Faera, advirtieron sobre algunas señales de intolerancia y marcaron inquietudes y responsabilidades. “Nos alarman signos de intolerancia, de persecución y de censura de tipo ideológico, que paradójicamente ocurren en nombre de una “tolerancia” que no es respetuosa de otras cosmovisiones y opciones religiosas legítimas”. También marcaron su inquietud con respecto a la imposición de materiales educativos ideológicamente sesgados, que llegan a las poblaciones más vulnerables y más limitadas en cuanto a la oferta educativa.
Señalaron que les parece “inaceptables y demasiado peligrosas algunas denuncias contra escuelas confesionales por el hecho de proponer y defender ciertos valores constitutivos de su propio ideario”.
En cuanto al confinamiento exigido por las distintas autoridades, comparten la necesidad de cuidar la salud, pero alertaron que esta se considere en forma integral. Los preocupa la extensión del aislamiento preventivo, y apuestan por la convivencia familiar y social, por los vínculos comunitarios, asociativos y culturales, por el ejercicio de la libertad religiosa y el cultivo de la vida espiritual, el deporte, “de las que hoy y desde hace ya meses están privados”.
La otra intranquilidad tiene que ver con las dificultades que experimenta la educación pública de gestión privada para su labor. “Poder seguir ofreciéndola es para nosotros un derecho y también una obligación moral. Esperamos y deseamos que esa labor sea debidamente valorada y apoyada por parte de los Gobiernos, no como una dádiva o la tolerancia de un mal necesario, sino como el reconocimiento de un derecho legítimo y la respuesta a una necesidad de los ciudadanos“.
Ratifican que la escuela católica fue protagonista de la construcción de la sociedad y de la educación argentina, desde los inicios de la patria. Educaron a las distintas generaciones, incluso en tiempos difíciles. “Hoy seguimos haciéndolo, sabemos hacerlo y queremos hacerlo”.
