Difícil tiene Popular TV su progresiva implantación en el territorio nacional si persisten las cortapisas que algunas administraciones autonómicas le van poniendo en su camino. La última, la que acaban de denunciar los Obispos del Sur, que se quejan de la “injustificada no concesión” de licencias en Andalucía.
La libertad de expresión no puede estar subordinada a arbitrarias decisiones políticas, por muy poco que guste lo que se desprenda del uso de ese derecho. Actuar contra la pluralidad informativa conduce, indefectiblemente, a la uniformización del pensamiento y a un empobrecimiento del músculo democrático. Al final, es toda la sociedad la que acaba perdiendo con estos procedimientos más propios de otros regímenes.