Con una declaración, el Comité Permanente del Episcopado chileno hace un apremiante llamado al diálogo en La Araucanía, para lograr paz y justicia.
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La inician expresando su profundo dolor y preocupación por el incremento de la violencia en estas semanas, incluso con enfrentamientos entre civiles, que ha provocado muerte de gente mapuche y no mapuche.
“El respeto del estado de derecho debe ser una garantía de progreso para la Araucanía y todos sus habitantes”, expresan los obispos al llamar al reconocimiento de la diversidad cultural. “Es posible -como lo prueban otras naciones- que en la unidad propia de un Estado pluricultural como Chile se reconozca esta valiosa diversidad y que ella permita la convivencia armónica de todos y la capacidad de lograr un desarrollo político y social justo”, aseguran.
Camino inconcluso
Tras ese llamado, expresan “la preocupación de muchos por el camino inconcluso en los procesos de verdad histórica, reconciliación, nuevo trato, reparación, política de tierras y de una nueva institucionalidad indígena, procesos a los que el Estado se ha comprometido, incluso, con la ratificación de tratados internacionales”.
En ese camino inconcluso, los obispos señalan como hito importante el año 2016 con el informe conclusivo de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía que presidió el obispo de Temuco, Héctor Vargas. Agregan que “los temas de fondo, causa de la situación que vivimos, ya habían sido planteados por los Obispos del Sur en su carta del año 2001 “Por la dignificación del pueblo mapuche”, y recogidos por diversos documentos y cartas pastorales del Episcopado”.
Estos temas de fondo “permanecen vigentes, sin lograr avances ni soluciones concretas, lo que es, principalmente, responsabilidad de las autoridades públicas de los diversos poderes del Estado llamados a su ejecución”, indica la declaración del Comité Permanente.
“Para avanzar en los temas históricos y culturales, así como en construir una cultura del encuentro y diálogo para una paz fundada en la justicia, se requiere superar políticas centradas en la contingencia y miradas parciales que sólo se fundan en las necesidades básicas de las comunidades o en la mantención, también necesaria, del orden público”, indican los obispos. “Se requiere que los actores involucrados den pasos efectivos y audaces para consensuar una agenda y un itinerario político y social que, con visión de país, se encamine a hacer frente a estos grandes y legítimos temas de fondo, causa del descontento” agregan.
Interculturalidad
Reiteran la necesidad de “emigrar hacia una auténtica interculturalidad, donde cada persona pueda vivir libre y plenamente su propia identidad, convicciones y cosmovisiones, sin otro límite que el bien común. La diversidad cultural y étnica es un gran valor que enriquece a todos los chilenos y chilenas. Sólo así se podrá construir una institucionalidad que trate a todos los ciudadanos con dignidad, igualdad y justicia”, afirman.
Planteados los temas que dan origen a la actual situación de violencia en La Araucanía, los obispos llaman “a construir una paz auténtica y sólida que sea fruto de la justicia y del diálogo amplio, sin exclusiones, entre los líderes indígenas, los actores políticos, sociales, económicos y académicos, dejando de lado cualquier expresión de intolerancia”. En este punto recuerdan las palabras del Papa Francisco en Temuco, en enero del 2018, cuando señaló que para avanzar en la construcción de una unidad cívica y social se “necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias”, dijo el Papa.
Los obispos concluyen su declaración invitando “a orar por la Araucanía, para que el Espíritu de Dios suscite en autoridades y dirigentes sabias decisiones que nos encaminen a un diálogo fructífero por la paz y justicia, con la esperanza que brota del Evangelio”.
Se ha mencionado al obispo de Temuco como posible mediador entre el gobierno y los mapuche en huelga de hambre desde mayo pasado. Entrevistado por el diario “El Mercurio” hace tres días, el obispo Vargas expresó que “provoca desconcierto el que a menudo permanezcan sin mayor efecto la promesas que el Estado ha hecho al pueblo mapuche y a la región”. Señaló esto como una situación que puede “generar profundas desconfianzas, ahonda el malestar, la pérdida de respeto y credibilidad que de muchas formas puede invalidar al interlocutor y a cuanto lo represente (…) ello favorece espacios para una peligrosa polarización que busca soluciones por vías radicalizadas, que no podemos compartir y menos justificar”, dijo Vargas.
Concluyó diciendo que los pueblos originarios “desde hace tiempo anhelan la acogida definitiva de temas que son fundamentales en cuanto al reconocimiento, trato y reparación; algunos de ellos prometidos hace años, otros en proyectos de ley que esperan en el Congreso, o suscritos por Chile en tratados internacionales”.
