“Compete a esta oficina administrar los bienes que son propiedad de la Santa Sede, destinados a proveer de los fondos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Curia romana”. Estas son las tareas que, desde su aprobación por san Juan Pablo II en 1988, la ‘Pastor Bonus’ contempla para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el organismo que se va a hacer cargo de los fondos financieros y propiedades inmobiliarias que gestionaba hasta ahora la Secretaría de Estado.
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Aunque esta decisión del Papa, anunciada el 5 de noviembre, está ligada a la polémica compra de un edificio en un lujoso barrio de Londres con el dinero que controlaba el dicasterio dirigido por el cardenal Pietro Parolin, la voluntad de centralizar las inversiones en el APSA supone una vuelta a los orígenes.
El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y coordinador del Consejo para la Economía, ya le planteó a Francisco en 2018, antes de que saliera a la luz el escándalo de Londres, la necesidad de que los fondos que gestionaba la Secretaría de Estado pasaran al APSA.
Este debía reforzar así su posición como fondo soberano vaticano y garantizar que no se producen casos de corrupción, como plantea el código de transparencia, control y competencia en los contratos públicos, aprobado el pasado mes de junio.
El APSA ya gestiona unas 2.400 viviendas, en su mayoría en Roma y Castel Gandolfo, y unos 600 bajos comerciales y oficinas, como informó en 2019 el obispo Nunzio Galantino, presidente del APSA, en una entrevista en Avvenire.
Transparencia de los fondos
Los responsables de los distintos organismos financieros de la Curia romana llevaban desde hace tiempo manteniendo reuniones para preparar la transferencia de los fondos de la Secretaría de Estado al APSA. La comisión ad hoc creada ahora por el Papa, que tiene tres meses para completar la tarea y de la que forma parte el jesuita Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría para la Economía, tiene por tanto parte del trabajo hecho.
El ambiente, además, no tiene nada que ver con el de hace unos años. La pandemia ha ayudado a enterrar los choques del pasado y a engrasar la relación personal entre los responsables de los temas económicos.
Desde que se desató la emergencia sanitaria, se celebra una reunión semanal en la que participan los citados Guerrero y Galantino, el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado; el obispo Fernando Vérgez, secretario general la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, y el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, otro dicasterio que cuenta con muchas propiedades inmobiliarias.
