La visita
Contaba el pasado viernes el diario ABC que la escuela concertada había pensado pedir ayudas al político catalán Orio Junqueras. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que cumple condena por delitos de sedición y malversación de caudales públicos desde su cargo como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del gobierno autonómico catalán presidido por Carles Puigdemont.
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Especialista en Historia Moderna y Contemporánea, ha sido investigador en los archivos vaticanos y su rostro no ha faltado en campañas a favor de la X en la declaración de renta o cuando se han hecho listas de políticos que no disimulan su filiación religiosa. “Yo presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, hago llamamientos a que haya vocaciones. Y lo hago en actos públicos, llenos de gente; no pasa nada, nadie me dice ‘Junqueras, ¿pero qué has hecho?’”, dijo hace unos años en una charla en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna. Confesaba entonces aunque no negaba que iba poco a misa y se confesaba menos todavía.
Cuenta el ABC, que la concertada buscó un acuerdo in extremis antes de la aprobación en el Congreso el pasado jueves, 19 de noviembre. Tras llamar a la puerta del PSOE sin resultado, Junqueras parecía por convicción la persona apropiada para modificar el artículo 109 de la Ley Celaá, el que pone la organización educativa de la Administración por encima del derecho a decidir –Junqueras también parece un candidato propicio para defender este derecho por otros motivos– de los padres. Para llevar a cabo este contacto, el diario apunta al jesuita Enric Puig, secretario general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña y que fue Director general de Juventud de la Generalitat de Catalunya en 1980, coincidiendo con la llegada al poder de Jordi Pujol. De hecho, Puig fue uno de los impulsores de que algunos centros religiosos abrirán sus puertas a las consultas ilegales promovidas por los nacionalistas catalanes.
La abstención de ERC habría sido un golpe de efecto en una votación que se aprobó por la mínima. La prioridad de los nuevos presupuestos generales hicieron que la llamada o el encuentro no se produjeran finalmente. El desenlace de la votación parlamentaria es conocida, como lo es la falta de neutralidad de la concertada religiosa catalana en otros asuntos.
La entrevista
Tras el visto buenos del Congreso, Isabel Celaá ha defendido este domingo en El País el que será el legado estrella de su ministerio. Para ella, “la escuela tiene que recuperar su función de ascensor social” y esta ley, que “cambia la filosofía hacia la equidad”, está orientada a “que todos los alumnos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen”. “Ha habido siete fuerzas políticas que han expresado su respaldo al proyecto. Se han recogido más de 300 enmiendas”, apunta la ministra para quitar valor a la ajustada mayoría de la aprobación o a las críticas de falta de diálogo que viene del sector. En este sentido se apoya solamente en la confederación de padres Ceapa.
La clave de la entrevista es que niega la mayor ante muchos de los eslóganes compartidos por los muchos detractores de esta ley –con razón Moncloa tuvo que improvisar una rueda de prensa para frenar el impacto mediático de la concentraciones de ayer en 50 ciudades–. Rechaza que “la Religión salga de la escuela o que se cierre la concertada. Cuando se dice que esta ley es para dar satisfacción a grupos independentistas, no es cierto, porque hay grupos independentistas que no han votado a favor. Y cuando se dice que retira la Religión de la escuela, tampoco es así, y es uno de los motivos por los que algunos grupos no la han apoyado”.
Verdades a medias que llegan a la concertada que, desde luego no se cierra por decreto. “Hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa. Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada”, asegura prometiendo este diálogo a posteriori. Para ella, “lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando. Pero la concertada que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer. La desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad. Ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley”, advierte. Con toda probabilidad, la ministra seguirá explicando las bondades de la ley en esta semana en alguno de los medios más cercanos, en estos momento, al Gobierno.
La marcha
50 ciudades han acogido este domingo manifestaciones y concentraciones frente a este nueva reforma educativa. En los próximos días se van a ir sumando otras poblaciones en distintas variantes en función de las medidas y cierres perimetrales a las que obliga la pandemia del coronavirus. Una ley que ha venido en tiempos complicados para el diálogo sereno y sólido que un pacto educativo requeriría. La batalla cultural que se ha propuesto el actual Ejecutivo corre paralela al anuncio de los planes de vacunas o a los flecos de los nuevos presupuestos.
La preocupación de muchos sectores está más que justificada, por más que la ministra nuevamente no deje de repetir que todos deben estar tranquilos. Las ambigüedades que deja abiertas la Ley Celaá harán que en un futuro no muy lejano ni siquiera los tribunales puedan frenar los excesos y arbitrariedades de las consejerías de Educación de las comunidades autónomas o de aquellos partidos para los que la Educación solo es un medio para cumplir sus fines y no para el desarrollo integral del alumnado. Por todo ello, la sociedad entera –y no solo la Iglesia o la comunidad educativa de la escuela concertad o las familias que han experimentado que la Educación Especial para determinados hijos con patologías muy determinadas no es un gueto segregador– debe al menos inquietarse con algunos de los postulados que esta ley deja que se cuelen por sus lagunas.
Esta semana durante el recreo en mi colegio varios alumnos preguntaba: “A nosotros, ¿ya no nos tocará esta ley tan mala, no?” Ni que decir tiene que en el colegio, cuando ocurrió esto, no habíamos hecho aún ninguna declaración, ni pancarta ni repartido lazos naranjas… Lección de equidad y no desde el barrio de Salamanca, sino de las periferias de Salamanca.
