En la exposición de motivos del borrador del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, se asegura que “se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades”.
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Para ello, la norma se organiza en cuatro capítulos: “el derecho a la verdad de las víctimas”, el derecho a la justicia “a través de investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas durante la Guerra Civil y la Dictadura”, la “reparación” y el “deber de memoria democrática, como garantía de no repetición”. Vida Nueva recopila las principales medidas que recoge la nueva ley:
- Se establecerá un Censo Nacional de Víctimas. “El censo recogerá el listado de las personas que sufrieron cualquier forma de violencia, coacción o represión”, apunta el artículo 9 de la norma.
- Se instauran el 31 de octubre –fecha de aprobación de la Constitución por las Cortes– como “día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura” y el 8 de mayo como “día de homenaje a las víctimas del exilio”.
- Entre las “políticas integrales de memoria democrática”, se prevé establecer un plan cuatrienal de actuaciones, así como la creación de un “Consejo Territorial de Memoria Democrática”, como instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
- Entre las tareas que se propone la ley, se detallan procedimientos para la “localización e identificación de personas desaparecidas” –hasta ahora en manos de asociaciones o familiares– y se promueve la elaboración de una “mapa integrado de localización de personas desaparecidas”
- Se da luz verde a un “Banco Nacional de ADN de Víctimas”. Así, “se asume como política de Estado la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura, poniendo fin a la existencia de miles de desaparecidos en España, que revictimizan a sus familias”, detalla la ley.
- En el capítulo de archivos, se refuerza el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
- El Gobierno creará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que garantice el “derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos” durante el período amparado por la ley. En los tribunales se llevarán los procesos de incautación de bienes y las sanciones económicas, el reconocimiento a las “víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados”.
- Además, se concederá la nacionalidad española a “nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia”, así como a los voluntarios de las Brigadas Internacionales.
- El último gran capítulo de la ley se refiere a “símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática”, así como a la privación de ayudas o subvenciones a los condenados por “atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”. También se establece revisar las condecoraciones durante el período, la supresión de títulos nobiliarios concedidos por Franco –como la Orden del Yugo y las Flechas– y otras recompensas económicas.
- Por último, se constituirá una fundación para “contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno constitucionales”.
