“La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el 24 de octubre de 2019, ha constituido un hito histórico sumamente simbólico y de ruptura con el pasado franquista”. Con estas palabras, el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España se felicita en el preámbulo del borrador del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, a cuyo contenido ha tenido acceso en exclusiva Vida Nueva.
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Es solo la primera mención al Valle de los Caídos en la futura ley, que presenta al complejo edificado en el madrileño valle de Cuelgamuros como el “proyecto memorial más importante” y que, por tanto, está “llamado a ser un eje fundamental de la resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas de memoria”. No en vano, se calcula que allí descansan los restos de unas 34.000 víctimas.
Así, la sección cuarta de la nueva norma, centrada en los que denomina “lugares de la memoria democrática”, dedica el artículo 55 al Valle. El enclave se destinará a partir de ahora a “dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el período histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Y es que, el monumento fue inaugurado por Franco el 1 de abril de 1959, en el vigésimo aniversario de su victoria.
La Fundación queda extinguida
Tanto es así que se derogan “todas las disposiciones normativas que venían rigiendo” el complejo. De hecho, a través de la ley, “se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Creada por Franco en 1957, la fundación está intervenida por Patrimonio Nacional desde hace cuatro décadas, que es quien administra los edificios que la integran.
Es más, en los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado se ha introducido una disposición adicional que destina el régimen de ingresos y gastos de la Fundación para avanzar hacia su autofinanciación. De hecho, a partir de 2021, Patrimonio Nacional cargará a esta entidad los gastos que genere el recinto –con excepción de su personal– y la Fundación se quedará con los ingresos que genere la “actividad, rendimientos y explotación de los bienes y derechos de titularidad” de la entidad. Además, se prevé que, durante el año que viene, Patrimonio Nacional hará inventario de los bienes y derechos de la Fundación, desvinculándolos de su propio inventario.
Prohibidas las misas del 20-N
Por otro lado, entre los puntos que se abordan en el articulado de la nueva Ley de Memoria Democrática, se subraya que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura”. Cabe deducir de aquí que quedarían prohibidas, por ejemplo, las misas que se celebran por el alma del dictador, especialmente en torno al 20 de noviembre, aniversario de su fallecimiento.
Como ya se había anunciado en septiembre, tras el Consejo de Ministros en el que se dio el visto bueno a la ley, “las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma” tendrán a partir de ahora “el carácter de cementerio civil”.
Un nuevo futuro
Más allá de esta mención al templo, en la norma no se hace ninguna referencia a si la resignificación general del lugar afectará de alguna manera a la basílica, a la cruz, a la hospedería, al monasterio, a la escolanía y, por tanto, a los monjes benedictinos que custodian el lugar. “Mediante real decreto se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”, se señala.
Así pues, habrá que esperar para conocer el futuro del Valle de los Caídos. Según ha podido confirmar Vida Nueva, desde el equipo del secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, hay un interés real de abordar todas estas aristas con los obispos españoles.
