Lo primero que cabe subrayar es que el debate social sobre si es o no éticamente aceptable la utilización de aquellas vacunas contra el Covid-19 en las que, para su fabricación, se hayan utilizado líneas celulares obtenidas de fetos humanos de abortos provocados no ha sido amplio: más bien ha sido escaso y circunscrito a algunos grupos católicos ultraconservadores, sobre todo norteamericanos.
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Eso sí, han conseguido hacer cierto ruido mediático e intranquilizar a algunos creyentes de buena voluntad. La Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe que hemos conocido tiene el objetivo de disipar esas dudas sobre la moralidad del uso de estas vacunas. Y deja en muy mal lugar a quienes han sembrado esas sombras, como cierto obispo estadounidense que afirmó sin rubor alguno que “se están usando niños abortados para desarrollar la vacuna”. Aparte de faltar a la verdad, supone un profundo desconocimiento de los más elementales datos científicos y bioéticos, algo inadmisible en quien tiene la obligación de ilustrar las conciencias de sus feligreses.
Garantías sanitarias y éticas
Como muy bien señala la Nota, la Pontificia Academia para la Vida ya había iluminado la deliberación sobre este asunto con un documento publicado el 5 de junio de 2005 titulado “Reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células procedentes de fetos humanos abortados”. En 2017, la Pontificia Academia para la Vida volvió a tratar el tema con una Nota.
Estamos hablando de líneas celulares que tienen su origen en 1962, 1965 y 1973. Los fetos habían sido abortados por otras razones, no para investigar con ellos. Dado que los abortos que dieron origen a las vacunas fueron eventos separados en el tiempo, con unos agentes y una intencionalidad diversa del propósito de la producción de la vacuna, su uso sería éticamente aceptable. Algo que está bien que la Congregación para la Doctrina de la Fe recuerde.
Con todo, lo realmente importante para mí es el último punto de la Nota: “Existe un imperativo moral para la industria farmacéutica, los gobiernos y las organizaciones internacionales, garantizar que las vacunas, eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario, y éticamente aceptables, sean también accesibles a los países más pobres y sin un coste excesivo para ellos. La falta de acceso a las vacunas se convertiría, de algún modo, en otra forma de discriminación e injusticia que condenaría a los países pobres a seguir viviendo en la indigencia sanitaria, económica y social”.
