La Cámara de Diputados de Chile aprobó, en general, el proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, con algunas indicaciones que deberán ser resueltas en la Comisión de Salud antes que el proyecto pase al Senado. De este modo se inicia el proceso legislativo para permitir a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir.
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Esta iniciativa propone modificar la Ley sobre Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud y en los códigos Civil y Penal para garantizar que se respete la voluntad de la persona que haya sido diagnosticada de un problema de salud grave e irremediable, quien tendrá derecho a decidir y solicitar asistencia médica para morir. Además, agrega que quienes se encuentren en un estado terminal o con dolor severo no oncológico tengan derecho a recibir los cuidados paliativos tendientes a disminuirlos.
Reduce la dignidad humana
Pocos días después, la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) difundió una declaración de su Comité Permanente titulada “Un proyecto que atenta contra la dignidad esencial de la persona”.
Aludiendo al proyecto de ley que inicia su tramitación legislativa, los obispos expresan que “con la eutanasia se oscurece el significado profundo de la dignidad humana, haciéndola aparecer como si condujese al bienestar subjetivo. De esa forma, la dignidad humana es reducida a un simple bien disponible como otros. Esta comprensión de la vida humana, además de atentar contra toda lógica jurídica (la vida es el primer bien a proteger), alimenta lo que el Papa Francisco ha llamado “la cultura del descarte”, que considera la vida humana como susceptible de ser desechada y a los excluidos como “desechos, sobrantes” (Cfr. Evangelii gaudium n.º 53). Quienes pagan los costos de esta lógica son justamente las personas más frágiles y muchas veces más pobres, respecto de las cuales tenemos como sociedad mayor obligación”.
Los obispos hacen un llamado a las autoridades y legisladores para que “con prudencia y sabiduría, ponderen las graves consecuencias que puede tener la aprobación de una ley de este tipo”.
Llaman también “a los laicos y laicas que creen en la vida, a hacer oír su voz, desde la academia y el mundo profesional, desde las organizaciones sociales y comunitarias, respecto de qué consideramos “digno” para el ocaso de nuestras vidas. Si queremos que la dignidad se haga costumbre, dialoguemos este delicado tema con profundo respeto, sin descalificaciones, procurando siempre buscar aquello bueno y verdadero que existe en quien piensa distinto”.
Una concepción utilitarista de la vida
Por su parte, el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, difundió el documento “Morir con dignidad. La eutanasia es causa de muerte” en el que ofrece un estudio que aborda la relación de la medicina con la muerte, diversos contextos culturales y la respuesta jurídica de algunos países. Añade una reflexión sobre la urgencia de esta reflexión y analiza diversos aspectos relacionados con la eutanasia: encarnizamiento terapéutico, criterios de proporcionalidad, el derecho a morir con dignidad y los cuidados paliativos.
Al analizar la urgencia de una reflexión sobre el tema aborda su dimensión social y señala que “resulta legítimo preguntarse si una sociedad que permite que se disponga de la vida, aunque se encuentre en condiciones precarias, y que más aún lo constituya en un derecho, es verdaderamente humana, o si se está deslizando hacia una concepción utilitarista de la vida que necesariamente irá en desmedro de las personas más vulnerables de la sociedad. Bajo esta concepción de la vida y de la muerte surge también la pregunta de si no terminará el médico siendo un mero ejecutor de los deseos del paciente y no un profesional con un ethos ampliamente conocido y valorado, el cual es el de no dañar, el de sanar en la medida de lo posible y el de suavizar los sufrimientos del paciente cuando se enfrenta a una situación tal que lo llevará inevitablemente a la muerte”.
Además de ingeniero civil, licenciado en Teología Moral y doctor en Teología, el arzobispo es Magister en Bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense y desde el 2001 integra la Pontificia Academia para la Vida, siendo miembro de su Comité Directivo desde el 2010. Ha destacado en su labor como consejero en materias de Bioética en la CECh.
