El papa Francisco ha aceptado hoy la renuncia de Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia, tras haber cumplido 75 años el pasado 4 de febrero. En la Conferencia Episcopal Española (CEE) el prelado es, además, miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe desde marzo de 2020.
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Escudero fue nombrado obispo auxiliar de Valencia por Juan Pablo II el 17 de noviembre de 2000. En 2010, Benedicto XVI le nombraba obispo titular de Palencia, cargo que ejerció hasta mayo de 2015, cuando se le trasladó como auxiliar del cardenal Cañizares en Valencia.
El prelado fue uno de los diez imputados por la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006, por el cual ha tenido que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad en calidad de testigo. La Justicia valenciana investiga desde el pasado 2016 las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), creada con el fin de la preparación de este evento.
Causa sobreseída
Además del prelado, que ejercía de presidente de esta fundación, fueron imputados el ex vicepresidente de Valencia, Víctor Campos; al ex presidente de las Cortes, Juan Cotino; al representante legal de la Fundación y a la secretaria general de la misma, Francisco Javier Jiménez y Henar Moliner, y a dos miembros del patronato: el secretario del arzobispado, Antonio Ramón Corbí y Enrique Pérez Boada.
La causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
Finalmente, el pasado 11 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia dictaba un auto de sobreseimiento provisional al entender que la FVEMF tenía naturaleza privada y actuó sin “voluntad de delinquir”. Sin embargo, a mediados de febrero la Generalitat Valenciana y la fiscalía presentaban un recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia en el que se defiende que la Fundación debió respetar los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia en sus contrataciones, ya que tres cuartas partes de los fondos con los que fue fundada fueron públicos.
