A propósito de la II Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que se celebra este 17 de junio, en Canadá, organizaciones jesuitas y la red Clamor han pedido “mayor compromiso de la comunidad internacional” con esta población.
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Esta conferencia ha sido convocada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por ello las organizaciones eclesiales han suscrito un pliego de peticiones.
Han expresado que “las organizaciones nos dirigimos a los y las representantes de los Estados y delegados/as a esta Conferencia, con el ánimo de brindar elementos que dan cuenta de la realidad que actualmente viven las 5.6 millones de personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas”.
Asistencia humanitaria urgente
En primer lugar, han pedido “brindar asistencia humanitaria tanto a la población que se encuentra en Venezuela, como a los caminantes quienes ante la imposibilidad material y económica deciden realizar su tránsito a pie por el continente”.
Todo ello pasa por generar grandes acuerdos con los países destino de la migración “desde los más altos estándares de protección y promoción de los derechos humanos en todas sus decisiones políticas”.
Además han exhortado a “no instrumentalizar la migración forzada venezolana con fines electorales o con discursos de odio que llevan a episodios de violencia y fomentan la discriminación y el rechazo”.
Regularizar a población migrante
Por otra parte, han sugerido abordar el problema desde la perspectiva de derechos humanos y “establecer de común acuerdo mínimos humanitarios como corredores de tránsito para evitar que los migrantes queden varados en fronteras, disminuyendo la presión por recursos en las comunidades históricamente empobrecidas”.
Esto implica “adecuar los marcos normativos y diseñar políticas públicas de regularización que faciliten la integración de las personas migrantes y les brinde protección complementaria”.
Como también realizar “procesos de regularización masiva y extraordinaria para quienes se encuentren en situación de irregularidad”, por ende “animamos a los países a desarrollar medidas como el Estatuto Temporal de Protección colombiano, que acojan las recomendaciones de la sociedad civil”.
Rendir cuentas de la cooperación internacional
Sobre la gestión de recursos han recomendado hacerlo en alianza con la sociedad civil, que “tiene trayectoria en el acompañamiento a población migrante y con las propias organizaciones de migrantes en la diáspora, como actores subsidiarios y complementarios”.
Por tanto se debe “reenfocar la financiación considerando los impactos sociales y económicos de la pandemia en la región de manera que los criterios de asistencia se ajusten a la nueva realidad, perfiles y proyecto migratorio de las personas”.
Asimismo se debe “ofrecer una respuesta coordinada entre países de la región, favoreciendo los planteamientos de la Declaración y el Plan de Acción de Brasil de 2014 (Programa de Fronteras solidarias y Asilo de Calidad); y entre los gobiernos locales reconociendo su rol en los procesos de integración y acogida”.
Un punto clave: “Rendir cuentas de la destinación de los recursos de cooperación internacional basados en los principios de transparencia e igualdad de trato en su asignación y gestión”.
Foto: Jesuitas
