En 107 páginas, ‘Constitución y pobreza. Apuntes para una Constitución inclusiva’ ofrece una reflexión sobre el rol de la sociedad civil organizada en la historia política y social del país; una descripción de las brechas en salud, trabajo e ingresos, vivienda y territorio y educación y en 8 grupos de personas vulnerables; y luego, en dos capítulos finales, propuestas generales y específicas para la nueva Constitución frente a cada tema señalado antes.
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Este documento fue entregado a la presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón, por el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, el director social de Techo-Chile, Vicente Stiepovich, acompañados de una joven pobladora y una dirigenta vecinal.
Superar la pobreza: debe ético ineludible
“Nos mueve la convicción de que la pobreza en sus distintas formas es la más grave vulneración de los derechos humanos, y que poner la mirada sobre ella y hacer esfuerzos colectivos por superarla es un deber ético ineludible”, afirman en el prólogo al documento, los jesuitas Juan Fuenzalida y José Francisco Yuraszeck.
Continúan expresando su afán por contribuir a la renovación de las instituciones que cuidan el bien común “para que eficazmente sirvan ese propósito, mejorando las condiciones sociales que favorezcan el que cada cual despliegue en libertad el proyecto particular de vida que anhela. Para ello confiamos en el trabajo complementario de la Sociedad Civil Organizada y los distintos servicios del Estado”.
Agregan su aspiración “a que, en nuestra vida cotidiana, el amor, la compasión y la misericordia se impongan como sentimientos predominantes; que sea la justicia social y no el mero asistencialismo la que rija nuestras interacciones, deteniéndonos ante las personas que están malheridas al lado del camino, y desde ese encuentro desatando iniciativas de Solidaridad”.
“Respeten nuestros derechos básicos”
Con ocasión de la entrega del documento a la presidenta de la Convención, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, expresó que “para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles”.
Melany Salas, dirigenta vecinal que acompañó a Romero, agregó: “Soñamos con dejar de ser los sin casa, sin privacidad, sin un espacio propio. Queremos que tal como cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos, nos respeten nuestros derechos básicos, donde para mí la vivienda es el más importante”.
También la joven Francisca Prat, alumna de Fundación Súmate, una de las obras jesuitas autoras del documento, parafraseando el poema del uruguayo Eduardo Galeano, Los Nadies, expresó su anhelo que “la nueva Constitución nos considere seres humanos y no recursos humanos, nos ponga nombres y no números, y valore nuestras caras y no sólo nuestros brazos y fuerza de trabajo. Queremos ser considerados y este texto sirve para que nuestra realidad sea tomada en cuenta y nuestros derechos garantizados”.
Las obras jesuitas que participaron en la elaboración de este documento son Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo.
Oportunidad de un acuerdo fundamental
Basados en la experiencia de su labor social, los autores señalan en su introducción que “la Constitución debe ser capaz de representar a aquellos grupos especialmente vulnerables e históricamente invisibles en la conducción del país, lo cual representa una forma de exclusión política que profundiza y mantiene otras diversas formas de exclusión social: urbana, educacional, laboral, entre otras. En este sentido, el conflicto social es la contraparte de una baja cohesión, en la medida que una sociedad caracterizada por la exclusión de ciertos grupos suele equivaler a una sociedad desintegrada”.
Añaden que “la nación chilena se encuentra frente a la oportunidad de acordar democráticamente los fundamentos que darán forma a sus derechos y deberes más básicos, y que definirán la arquitectura de sistemas tan diversos como el político, el jurídico, o el económico, con consecuencias que impactarán directamente personas”.
