Los obispos reaccionan al registro de médicos objetores de conciencia ante el aborto: “Atenta contra la libertad personal”

La reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo prevé crear un catálogo de profesionales sanitarios que no estén dispuestos a llevar a cabo esta práctica

Los obispos reaccionan al registro de médicos objetores de conciencia ante el aborto: “Atenta

El Ministerio de Igualdad ha propuesto crear un registro de objetores de conciencia ante el aborto. Con él, pretende tener una visión clara de la capacidad de los centro públicos para llevar a cabo interrupciones voluntarias de embarazos y, de esta manera, poder garantizar el acceso al mismo en la Seguridad Social y que las mujeres no tengan que acceder a recursos privados. Para los obispos españoles, crear este registro de médicos objetores sería “atentar contra la libertad de la persona”.



Así, al menos, lo entiende el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, quien, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que considera que “no se debe de hacer” un registro de médicos que no quieran practicar abortos, “porque la libertad de conciencia es algo que hay que respetar siempre”.

Coincidiendo con Barrio, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha defendido que “la objeción de conciencia es un derecho y un signo de libertad”. “Si estamos en un Estado de Derecho, hay que respetarlo”, ha subrayado. En este sentido, Pérez ha pedido “libertad” para que los médicos puedan “obrar siempre en conciencia para hacer el bien y evitar el mal”.

Una decisión individual

La reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no prevé cambiar el reconocimiento de este derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios “directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”, según se expone negro sobre blanco.

De hecho, la ley –que ya ha cumplido 11 años– estipula que el rechazo a realizar abortos por razones de conciencia es “una decisión siempre individual” y que “debe manifestarse anticipadamente y por escrito”, aunque esta manifestación previa no ha llegado a ponerse en practica, lo cual implica que no haya forma de saber qué médicos, dentro de la sanidad pública, son objetores por cuestiones morales ni en qué casos lo son.

Contra un “derecho fundamental”

Por su parte, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, ha afirmado que, personalmente, no le “gusta nada” la idea de crear un registro de objetores porque “cada uno tiene derecho a su intimidad y a sus creencias”. Asimismo, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha criticado que desde el Gobierno se pretenden poner “impedimentos para expresarse libremente”.

“Por un lado a veces no cumplen ellos mismos las leyes y, por otro lado, nos quieren imponer a los demás una serie de impedimentos para que podamos expresarnos libremente”, ha continuado el prelado. Por su parte, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha defendido que la objeción de conciencia es “un derecho fundamental” y, por ello, está “por encima de algunas leyes”. “La conciencia está por encima de algunas leyes que van contra lo que nosotros pensamos, creemos y sentimos”, ha subrayado.

Una posible alternativa desde la Bioética

También se ha posicionado sobre el posible registro, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, quien ha pedido buscar un “punto de equilibrio” entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto. De esta manera, ha propuesto que el registro de médicos se haga “en positivo”, es decir, que recoja a los médicos no objetores de cada Comunidad Autónoma.

“Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional“, ha afirmado el profesor de la Universidad Pontificia Comillas.

De esta manera, para De Montalvo, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia “no tiene sentido”, porque “si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto”. “Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace”, ha matizado De Montalvo, subrayando, además, que hay algunos profesionales de la salud que “tienen dudas” al respecto.

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