Un informe de 2.000 páginas que destapa 330.000 víctimas en 70 años. Es el resultado de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia Francesa. Las cifras asustan y y las sigue asimilando la Conferencia Episcopal gala, que ha destinado tres millones de euros a esta auditoría. Al frente de este trabajo, Jean-Marc Sauvé, vicepresidente del Consejo de Estado francés y presidente del Instituto Francés de Ciencias Administrativas.
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PREGUNTA.- ¿Cuál ha sido su experiencia en los dos años y medio que ha durado la investigación?
RESPUESTA.- Este camino ha sido una prueba, tanto en el plano intelectual como en el personal y espiritual. Intelectual, porque se trataba de analizar a lo largo de un período larguísimo, realidades escondidas, que casi no han dejado rastro. La Comisión ha trabajado de forma multidisciplinar, con expertos en diferentes campos: médicos, psicólogos, juristas, historiadores, sociólogos, teólogos, trabajadores sociales… Todo ello con personas de todos los horizontes religiosos, aunque se tratara de investigar sobre la Iglesia católica. Todo un desafío.
Pero lo más duro ha sido el choque al encontrarnos con las víctimas, descubrir lo que significa su sufrimiento, su incapacidad para vivir, incluso décadas después de los hechos. A partir de los más de 2.800 correos que hemos recibido y de las 243 entrevistas que hemos hecho, puedo decir que más de la mitad de las personas que han sufrido violencias sexuales se encuentran hoy en una situación psíquica mala o muy mala. Este tipo de violencia llega a lo más íntimo de una persona. La prueba más dolorosa es la de las víctimas. Cuando dan su testimonio, vuelven a vivir su historia, se reactiva su trauma.
Fallo institucional
P.- El informe habla de abusos masivos, de carácter “sistémico”. ¿Qué factores de la cultura eclesial lo han permitido?
R.- Ha habido errores penales y civiles en relación a los agresores y, a veces, por parte de los responsables eclesiales, pero, de forma más general, ha habido un fallo institucional: la Iglesia no ha sabido o no ha querido ver lo que ha pasado, no ha tomado las medidas necesarias para prevenir los abusos. Por eso podemos decir que la responsabilidad de la Iglesia tiene carácter sistémico. Más allá de las culpas, estamos frente a un fallo de la institución, con negligencias a todos los niveles.
Si bien es cierto que la Iglesia solo supo del 4% de los casos, no fue capaz de detectar otras señales débiles ni resolver los problemas cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Durante décadas, se solucionaron los casos de abuso desplazando a los abusadores. Cuando se escuchaban rumores sobre sacerdotes demasiado cercanos a los niños, no se hacía nada. Y, sin embargo, hubo muchas situaciones que deberían haber despertado cierta vigilancia.
P.- ¿Hay especificidades de la violencia sexual en el ámbito de la Iglesia?
R.- Los abusos están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, en cuanto haya mayores en posición de autoridad o de educación con menores de edad. Pero también hay riesgos específicos en el entorno eclesial. Una doctrina católica desviada –por ejemplo, sobre la figura del sacerdote, que se equipara con Cristo o con Dios mismo– ha creado un clima favorable a los abusos.
Esto contribuye a la ausencia de resistencia por parte de las víctimas. El abuso en la Iglesia es de lo más perverso, porque se comete accediendo a la conciencia de la víctima. Y no hay nada más frágil que la conciencia de un menor. En el ámbito católico, el abuso sexual es muchas veces consecuencia del abuso de conciencia, como explica el Papa.
P.- ¿El Derecho Canónico es también parte del problema?
R.- Un derecho eclesiástico adecuado hubiera podido permitir una gestión interna eficaz. Hay que reconocer que el Derecho Canónico no funciona bien. No hay reglas para un proceso equitativo como en cualquier país. La víctima, por ejemplo, no tiene ningún papel en un juicio. También hay otro problema fundamental: la excesiva concentración de poderes. El obispo es el superior de los sacerdotes de su diócesis, nombra los jueces, decide las acciones del proceso y la aplicación de las penas. Ningún sistema puede funcionar correctamente en estas condiciones.