Monográficos sobre temas relacionados con la Iglesia y religión

La V Jornada Mundial de los Pobres, cuyo lema es “A los pobres los tenéis siempre con vosotros” (Mc 14, 7), pretende ayudarnos a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza y exclusión. También, el papa Francisco nos ha convocado al Sínodo, ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’, un momento eclesial excepcional, cuyo protagonista es el Espíritu Santo, en el que se abre un nuevo tiempo para el discernimiento y la revisión de nuestro seguimiento de Jesús como Pueblo de Dios.

Ambas convocatorias son una buena oportunidad para reflexionar cómo caminar juntos en Iglesia y cuestionarnos sobre cuál es el nivel de participación de las personas más pobres en los espacios de reflexión, toma de decisiones y celebración. Efectivamente, la sinodalidad, que implica que todos seamos escuchados, nos invita a prestar especial atención a los que están en la periferia. Este proceso eclesial debe fomentar la participación de todos y, en particular, dar voz a los que no la tienen. Por ello, hemos de preguntarnos “¿cuál es el lugar de la voz de las minorías, de los marginados, de los excluidos?”.

El camino sinodal es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. En ese sentido, el Sínodo ha de ser un serio examen de conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido –o estamos siendo– capaces de escuchar y responder a los pobres; y ha de ser un viaje compartido con ellos, destinatarios privilegiados del Evangelio (cf. EG 48). Las instituciones eclesiales de pastoral social, Cáritas, Manos Unidas y las ONG de Iglesia han de ayudar a construir puentes para llegar a los más pobres, escucharlos y hacer que se escuche su voz.

Impacto de la pandemia

Cáritas y la Fundación FOESSA, en su informe ‘Análisis y perspectivas 2021’, ha analizado cuál ha sido y está siendo el alcance de la pandemia después de 20 meses y muestra cómo está dejando un impacto desolador y muy preocupante, con una profunda huella de graves consecuencias para las condiciones de vida y los niveles de integración social de las personas y familias.

Según este estudio, son ya 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión social en España, 2,5 millones más que en 2018, produciéndose un ensanchamiento del espacio de la exclusión social.

Los datos del informe vienen a constatar que la pandemia está golpeando con más fuerza a los más frágiles, a los que tenían más dificultades para mantenerse a flote y menos mecanismos de protección. Esto significa que la crisis está generando un diferente impacto, dándose la paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos, como es el virus, pone de relieve, al mismo tiempo, lo desiguales que somos, provocando nuevas desigualdades y poniendo a prueba nuestro sistema político y económico. Así, por primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los seis millones, un incremento de casi dos millones más respecto a 2018.

Familias con niños y migrantes

Dos son los colectivos sobre los que la crisis está teniendo más impacto: las familias con niños y adolescentes, y los inmigrantes. Efectivamente, las dificultades para la crianza y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a su cargo incrementan el riesgo de exclusión social. Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes que puede resultar determinante. La crisis ha intensificado situaciones de exclusión en la población migrante, cronificando su posición de desventaja.

El estudio apunta dos factores para el incremento de la exclusión: el empleo y la vivienda, que se asocian de manera directa con la pobreza.

El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, debido a las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado, donde obtener un trabajo decente es cada vez más difícil, lo que conlleva ingresos bajos e insuficientes. Con respecto a 2018, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas o en inestabilidad laboral grave (pasando del 5,9% al 10,3%). Esta precariedad afecta mucho para garantizar el consumo, así como el acceso y mantenimiento de una vivienda y los suministros, que conforman la segunda dimensión de exclusión y derechos humanos vulnerados, afectando al 24% de hogares en España.

Se sigue incrementando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga tal que, una vez realizados estos, se quedan en una situación de pobreza. No cabe duda de que los gastos de la vivienda comprometen la posibilidad de satisfacer la garantía de otros derechos y cubrir necesidades básicas (alimentación, salud, vestido o transporte, entre otros). Una realidad que afecta al 14% de los hogares.

La brecha digital

El informe identifica un nuevo factor que se suma a los anteriores: la brecha digital, que reduce o limita las oportunidades de participación en la sociedad. No disponer de conexión suficiente o de un dispositivo conectado y de habilidades para manejarse en el entorno digital está convirtiéndose en nuevo motor de exclusión y desigualdad en una sociedad cada vez más digitalizada, suponiendo una pérdida de oportunidades para el empleo, la educación, las ayudas públicas o las propias relaciones sociales.

La pandemia ha evidenciado la necesidad de reimpulsar y fortalecer el estado de bienestar social para responder a todas las necesidades y demandas sociales. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más importantes para la emergencia actual por su constitución como prestación no contributiva garantista de un nivel mínimo de renta para los más pobres, ha venido a cubrir un vacío jurídico, político y social, y supone ya un sostén económico esencial para muchas familias. Sin embargo, en su configuración y normativa actual, ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes.

Trámites para el IMV

Uno de los obstáculos se encuentra a la hora de hacer los trámites para solicitarlo. Después de más de un año de su aprobación, aún muchos hogares en situación de pobreza severa no cuentan con información suficiente y correcta para la solicitud o la tramitación. En consecuencia, solo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite. Esto ha supuesto que más de dos tercios de estos hogares no lo han solicitado (el 68%), a pesar de contar con muy escasos o nulos ingresos, y algunos de los que lo han intentado se han encontrado barreras para realizarlo, tanto de forma telemática como presencial. Y para casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), ha sido denegado.

En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o, al menos, lo tiene concedido. Se trata de una cobertura muy baja para una medida que pretendía combatir la pobreza severa de nuestro país.

¿Cómo situarnos cristianamente ante esta realidad de las personas empobrecidas?

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