Fue una madrugada del 16 de noviembre, en medio de la mayor ofensiva insurgente de la guerra en El Salvador, cuando un comando de élite irrumpió en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador para acabar con la vida de seis sacerdotes Jesuitas y dos mujeres colaboradoras, madre e hija. Recuerdo que fue una noticia desalentadora para una sociedad salvadoreña que veía la paz como un sueño inalcanzable. Las muestras de solidaridad internacional no se hicieron esperar, de hecho este asesinato puso nuevamente a El Salvador en el ojo del Huracán y aceleró el proceso de negociaciones de la Paz que eran un estire y afloje. En 1992, tres años después de aquella masacre, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec.
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En el tiempo posterior, el proceso de desarme, pacificación y reconstrucción como sociedad salvadoreña fue álgido, limitó nuestro propio rumbo porque las brechas que causaron la Guerra civil, como la desigualdad, el autoritarismo, la pobreza, el reparto de la guerra, el acceso a los servicios básicos estaban tan arraigados que no hubo forma de implementar apropiadamente ni las reformas, ni las leyes que emergieron de los acuerdos. Algunas heridas hoy permanecen y se han hecho más patentes. A eso debemos añadir, la impostergable construcción de nuestra memoria y verdad, ¿cómo se logra esto cuando más de un millón de salvadoreños vive fuera de su país? Por un lado, la diáspora salvadoreña ha reconfigurado al país completo con una identidad de “nuevo nosotros” y de un sueño que es posible afuera del territorio. Mientras que por otro lado, la migración sigue hoy imparable a pesar que El Salvador es técnicamente un país en paz.
En la lucha para no olvidarles, hay quienes se han mantenido constantes buscando la justicia y la verdad. Precisamente este año, en el 32 aniversario de aquel Martirio, el Tribunal Supremo español confirmó la sentencia que condenó a 133 años y cuatro meses de prisión al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano como responsable de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989. Esto se logró por un acuerdo de extradición entre España y Estados Unidos, puesto que las otras personas involucradas, que fueron parte del alto mando gozaban de la protección del Gobierno salvadoreño.
Ni una pandemia, ni el vaivén de los sistemas de justicia contemporáneos, pudieron con el deseo de esclarecer aquellos hechos. Bastante tenacidad se requiere cuando se busca la verdad que sirva de alivio a las víctimas. Su legado es memoria para inspirar hoy a cientos de miles de víctimas en todo el continente, tal cual lo describió José María Tojeira en su funeral:
“Amantes de la utopía, eran realistas y sabían dar pequeños pasos cuando era necesario. No se conformaban con ningún tipo de componenda. Sabían exigir y decir la verdad incluso en medio de una guerra civil que polariza, divide y oculta muchas veces datos elementales de la realidad. Sabían defender la vida, sabían que la paz pasa necesariamente por los derechos de los pobres, y sabían darle a sus afirmaciones ese rigor universitario que hacía más patente, e incluso más brillante, la luz de la verdad. Su muerte ha venido a sellar con sangre su testimonio de la verdad. Esta última palabra colectiva y martirial de nuestros hermanos, ha venido a unirse al coro inmenso de tantos salvadoreños asesinados por tener hambre y sed de justicia y que son al mismo tiempo semilla, flor y fruto“. [1]
[1] José María Tojeira, Homilía en el funeral de los padres jesuitas asesinados en la UCA.
