Con profunda tristeza, no exenta de una creciente indignación, los católicos españoles contemplamos cómo, día tras día, surge una nueva información que asocia a la Iglesia, tanto española como universal, con actividades delictivas o con conductas moralmente reprobables.
- PODCAST: La Iglesia española audita los abusos
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El procedimiento siempre es el mismo. Una noticia difamatoria para la Iglesia se transforma inmediatamente en una cadena inacabable de titulares, artículos, tribunas de opinión, editoriales y entrevistas que terminan desembocando en columnas periodísticas autodenominadas de investigación, convirtiéndose en inapelables tribunales condenatorios.
La siempre machacona, exhaustiva y continuada difusión ‘urbi et orbi’ de estos reportajes se canaliza a través de los medios de comunicación públicos y de los poderosos grupos mediáticos privados, todos ellos empeñados y al servicio de una estrategia impulsada por el Gobierno actual y los partidos políticos que lo sostienen, que busca el desprestigio social de la Iglesia católica, para así acallar la resistencia y alternativa que la moral cristiana representa para el modelo de vida y sociedad que pretenden imponer.
Carencias del Estado
Y en este propósito (por cierto, nunca ocultado) no se repara en recurrir a todo tipo de tergiversaciones, cuando no a la más rotunda de las falsedades, ocultando siempre las muy numerosas iniciativas de la Iglesia en orden a la transparencia y publicidad de todas sus actividades, y no digamos las referidas a su labor asistencial, educativa y solidaria, que muchas veces suplen incluso las carencias y ausencias del Estado en estos campos.
Y así vemos que, cuando la Iglesia comunica al Gobierno los errores que su propia investigación ha detectado en el asunto de las inmatriculaciones registrales de sus propiedades, la noticia falazmente se transforma en una acusación de apropiación indebida por parte de la Iglesia de propiedades y bienes que no eran suyos, acusándola de aprovecharse abusivamente de un supuesto trato de favor legislativo dado por el gobierno derechista de José María Aznar.
Pago del IBI
E incluso, sin rubor alguno, se ha llegado a afirmar que el propio secretario de Estado del Vaticano ha instado a la Iglesia española a que cumpla sus obligaciones fiscales en el pago del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), dando a entender que goza de una situación de preferencia y excepcionalidad, discriminatoria con el resto de confesiones religiosas o instituciones sin fines lucrativos, cuando la realidad es que la Iglesia recibe el mismo tratamiento que todas las entidades citadas, como en justicia no podía ser de otro modo.
Los ejemplos son interminables, algunos especialmente malintencionados, como perseverar maliciosamente en llamar Concordato a los Acuerdos con la Santa Sede vigentes, pero el desiderátum que debería colmar el vaso de la paciencia y acreditada bondad de nuestra silente jerarquía, es la canallesca pretensión de convertir a la Iglesia en un antro mafioso encubridor de las más sádicas perversiones sexuales sufridas por niños y menores a manos de sacerdotes y religiosos.
Auto de fe público
Gran error sería entrar al juego del contubernio político, incluso en sede parlamentaria, cuando la intención última de esta campaña es tan diáfana como el centrar solo en la Iglesia ese execrable delito, sometiéndola a un auto de fe público, ya previamente condenatorio, y especialmente acusatorio de los centros escolares religiosos.
Condena firme, asistencia incondicional a las víctimas y colaboración activa con la Justicia, tomando la iniciativa en la denuncia de los hechos comprobados. Ese es el camino. Y siempre claros y tajantes.
