Esta semana se publicará la cifra de inflación del mes de marzo. Todavía no la sabemos pero el indicador adelantado que nos daba el Instituto Nacional de Estadística a principios de mes nos habla de una inflación interanual de un 9,8%. Aunque siempre puede cambiar un poco esta cifra con respecto a la que se publicará el miércoles, esta rondará con seguridad 10%.
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Eso quiere decir que los precios han subido desde el año pasado en este porcentaje o, lo que es lo mismo aunque mirado desde otra perspectiva, que con la misma cantidad de dinero que el año pasado, hoy podemos comprar un diez por ciento menos.
Las consecuencias de esta inflación son diferentes para unas personas y para otras, porque los incrementos más elevados se han dado en los precios de la electricidad y de los combustibles, por lo que aquellos que utilicen mucho el automóvil o tengan un gran consumo de energía van a notar mucho más la subida de precios que aquellos que, como gran parte de mis alumnos, utilizan más el transporte público y no tienen que pagar la factura de la luz porque no viven en viviendas propias.
Ante esta subida importante de los precios y la merma de nuestra capacidad adquisitiva, podríamos pensar que sería razonable que nuestros salarios y las pensiones subieran para que no estuviésemos perdiendo dinero. Al mismo tiempo, los ahorradores podrían reclamar unos tipos de interés superiores para que cuando recuperasen lo ahorrado no se encontrasen con que su valor había decrecido mucho.
Sin embargo, unas subidas de salarios y de tipos de interés, que pueden parecer justas ya que ni trabajadores ni ahorradores son responsables de la inflación elevada, pueden tener unas repercusiones negativas que acaben anulando su efecto positivo inicial. Porque la inflación se da en estos momentos por problemas de suministro del gas y petróleo (sobre todo) que llevan a que los costes de producción se hayan incrementado y esto se repercuta en los precios para no entrar en pérdidas.
Ecuación complicada
Si subiésemos los salarios se incrementarían todavía más los costes lo que podría llevar a más inflación y entrar en una espiral en la que se suben los precios, después los salarios y los intereses y finalmente otra vez los precios y vuelta a empezar. Podríamos pensar que la solución es rebajar los beneficios de las empresas para que los incrementos de costes no repercutan en los precios, pero esto tampoco parece un remedio ideal.
Nos encontramos, pues, ante una cuestión de difícil solución ya que la elevada inflación va a tener que perjudicar a alguien, o bien a los ahorradores, o bien a los trabajadores o bien a los accionistas que reciben beneficios de las empresas. ¿Repartiremos los perjuicios entre los distintos colectivos? ¿
O habrá unos que primen sobre los otros de manera que algunos no asuman ningún sacrificio a raíz de esta inflación? Quien tome la decisión de cómo repartir los costes de la inflación y los criterios que utilice para hacerlo, serán claves para resolver esta ecuación complicada que tenemos por delante en nuestro país.
