En México existe un ambiente creciente de vulneración a los derechos humanos vinculada a la violencia colectiva que toma forma de feminicidio y desaparición. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) desde noviembre del año pasado, expresó su preocupación por la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas en México.
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Precisamente en mayo, México superó este récord de 100.000 personas desaparecidas del cual no se tenía registro desde varias décadas atrás. Esta tendencia ha sido a la alza desde hace más de una década. Especialmente, si partimos que puede haber un sub-registro. El tema de las desapariciones en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos es claramente visible porque tiene una intención intrínseca de causar daño a la persona, vulnerar su integridad y atentar contra su vida y su libertad. ¿Cuánto tiempo llevará resolver estos casos y sanar las heridas de las familias que buscan? El rol del Estado parece indolente gracias a un entramado de responsabilidades multinivel desde la base municipal hasta el nivel federal.
El tema de la desaparición es sumamente complejo y doloroso que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes: madres y padres que lo dejan todo para buscar a sus hijo/as, niñas y niños que carecen de medios de vida por seguir un proceso de búsqueda de quien era su tutor/a, familias completas en vilo con el temor que alguien más pueda ser la próxima persona. Esta es la realidad de un país que no tiene oficialmente un conflicto pero que tiene un marcado patrón de violencia estructural que desata una espiral de violencia que crece de manera incontenible.
Foto: EFE
El pasado mes de mayo, ingresó a México la Caravana de Madres Centroamericanas que es un conmovedor movimiento que recorre el territorio desde 2004, organizando y denunciando las desapariciones de sus familiares en territorio mexicano. Esta manifestación ha puesto en el foco la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes que son provenientes principalmente de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Dictadura de Pinochet
En esta semana pasada resonó la noticia que cinco décadas después Chile también ha decidido emprender la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet y seguir con la campaña “Una gota de sangre por la verdad y la justicia” que implica cerrar un capítulo del pasado que se considera un déficit del sistema democrático de aquel país. Precisamente, buscando más referencias internacionales hace un par de días leía el caso de la Familia Luna en mi país de origen: El Salvador, que tuvo que esperar 40 años para poder encontrar a sus familiares y ofrecerles un funeral.
Los hechos ocurrieron en Cacaopera, Morazán, durante un operativo militar ocurrido en marzo de 1981. Ocho miembros de la familia Luna fueron asesinados en “La masacre de El Junquillo”, ejecutada por soldados del destacamento N° 6 de Sonsonate y por el batallón Atlacatl. Por décadas este y otros muchos de crímenes de guerra permanecieron impunes porque los Gobiernos en funciones no daban muestras para implicarse en la reparación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. Chile y El Salvador han tenido la tenacidad persistente de las víctimas y una conciencia de buena parte de la sociedad de que estos hechos deben resolverse.
Con esta cifra de desapariciones México se suma al elenco de países que no han podido luchar efectivamente contra este delito. Un México con una sociedad fragmentada y políticamente polarizada, difícilmente podrá encarar el enorme reto de resolver la situación. Se requiere poner al centro el dolor de las víctimas, acompañarles y entender sus necesidades como un primer peldaño. Esto es algo que nuestra Iglesia ya hace, ojalá que esta cifra además de horrorizarnos nos dé el impulso para amplificar la voz.
