A partir del pasado 12 de octubre, los venezolanos que cruzan la frontera de Estados Unidos de manera irregular son devueltos a México. Esta es una medida del Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana, con la intención de mitigar la crisis migratoria en su frontera sur.
- PODCAST: Testigos hasta el extremo
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Y es que, sólo en septiembre de este 2022, llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos unos 33 mil venezolanos, por lo que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden llegaron a un acuerdo para reducir el flujo migratorio proveniente de ese país latinoamericano.
Por ello, ahora los venezolanos que quieran migrar a los Estados Unidos deberán hacerlo de forma legal, adhiriéndose a un programa parecido al que se tiene para los ucranianos, pero limitado a 24 mil personas. Deberán tener un patrocinador en ese país y entrar a ese país vía aérea.
Lo que ha levantado las críticas contra dicha medida es el hecho de que las deportaciones se realizan al amparo de un protocolo establecido al inicio de la pandemia por el presidente Donald Trump, conocido como Título 42, que permitía expulsar rápidamente a los migrantes por razones de salud, impidiéndoles la oportunidad de buscar asilo.
La expansión de este protocolo ha sido severamente calificado por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes ven en esta medida una estrategia política de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo.
Urge ayuda humanitaria
En este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes México, el Servicio Jesuita a Refugiados México y The Hope Border Institute, informaron que en los últimos días, cientos de personas migrantes venezolanas y con necesidades protección, han sido expulsadas a México, y es necesario brindar atención humanitaria.
Para estas organizaciones, la medida es un abuso de una orden de salud pública para disuadir a quienes son solicitantes de asilo o necesitan protección sin ninguna base legal o moral en un momento en donde esta nacionalidad es la segunda con mayor presencia en la frontera norte, en lo que va de los meses de agosto y septiembre del año en curso.
Por esta razón, instaron a que los gobiernos de México y Estados Unidos a que actúen de inmediato, destinen todos los recursos humanos, económicos infraestructura adecuada para garantizar su alojamiento, la recepción de información clara y asesoría legal sobre su situación migratoria, así como servicios de alimentación y primeros auxilios psicológicos.
Los jesuitas señalaron que tan sólo el pasado 13 de octubre un grupo de aproximadamente 200 personas venezolanas, sumadas a las 103 que fueran deportadas un día antes, se vieron afectadas por la expansión del Título 42, y se espera que el número crezca en los próximo días.
