El 24 de junio de 2022, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, decenas de migrantes –la mayoría de Eritrea, Níger, Sudán y Sudán del Sur– saltaban la valla que separa España de Marruecos para pedir asilo. Melilla se convirtió en una batalla campal que se saldó con, al menos, 37 víctimas mortales, según las ONG, y 23, según las autoridades de ambos países.
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“Violencia inusitada” y “uso excesivo de la fuerza” fueron las palabras empleadas por la ONU, pese a que Pedro Sánchez afirmó en un primer momento que la situación “había sido bien resuelta” y se desdijo después alegando que no había visto las imágenes.
La realidad es que cinco meses después, sigue habiendo lagunas en el relato de ambos gobiernos, tal y como ha constatado el propio Defensor del Pueblo en un informe –en el que reconoce que le falta una hora y media de grabación–. Este ha saltado a la palestra la misma semana en la que una investigación de la BBC señala que “la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran”. Mientras, la Iglesia, que en su momento salió en tromba a defender la dignidad de los migrantes, ha optado ahora por el silencio.
“Hablamos de personas”
No obstante, Vida Nueva ha conversado con Eduardo Resa, arcipreste de Melilla, quien, dejando a un lado la guerra política, solo pide “que se esclarezcan los hechos”. “Nosotros no hablamos de política, sino de personas”, recalca. El reportaje de la televisión británica muestra imágenes inéditas de migrantes aplastados entre una nube de gases lacrimógenos, lo que les lleva a plantear que previsiblemente el número de víctimas fue mayor, ya que cifran en 77 los desaparecidos. Además, muestra sin ninguna duda cómo más de 300 migrantes fueron víctimas de devoluciones en caliente, una afirmación respaldada por Ángel Gabilondo.
Tras estos nuevos datos, Unidas Podemos y todos los socios del Gobierno –EH Bildu, ERC, Más País y Compromís– registraron una petición en el Congreso para crear una comisión de investigación. Esta contó en un primer momento con los votos favorables del PSOE y la oposición del PP y Vox, pero la Junta de Portavoces tumbó la propuesta con la negativa este mismo viernes de PSOE, PP y Vox.
