El Tribunal Constitucional de Portugal ha dictaminado este lunes, 30 de enero, por mayoría –y por segunda vez– que la ley que despenaliza la eutanasia es inconstitucional. Para el los magistrados esta propuesta normativa viola el “principio de determinabilidad de las leyes”. Por ello, el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, devolverá el texto a la asamblea sin haberlo promulgado.
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Precisamente fue el propio jefe del estado el que sometió a estudia la ley antes de su aprobación cuestionando elementos como la noción de “enfermedad grave e incurable” –empleado en sustitución de “enfermedad mental”–. Para el presidente del tribunal, João Causpers, “el legislador, a pesar de haber hecho esfuerzos para densificar y aclarar algunos conceptos utilizados en la versión anteriormente fiscalizada, optó por ir más allá cambiando aspectos esenciales del proyecto anterior”. Se tumban así los diferentes textos preparados por la asamblea desde 2020.
Apoyo del episcopado
El secretario de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa, se ha mostrado satisfecho por la decisión del Tribunal Constitucional. En declaraciones a la agencia lusa Ecclesia, el sacerdote señaló que esta decisión “está en línea con la posición del Conferencia Episcopal de Portugal, que siempre ha afirmado la inconstitucionalidad de cualquier iniciativa legislativa que ponga en peligro la vida, es decir, la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido”
Para el episcopado, esta ley rompe “el principio ético fundamental que se traduce en la prohibición de causar intencionadamente la muerte”. Para ellos, la muerte no puede ser presentada nunca como “una respuesta y una solución para las personas que padecen enfermedades, en fase terminal o no, o debido a graves discapacidades”. También alabó la resolución la Federación Portuguesa por la Vida, en sintonía con el Consejo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida.
