El Tribunal Constitucional ha rechazado hoy, durante su Pleno, la ponencia sobre el recurso del PP a la Ley del Aborto del magistrado Enrique Arnaldo, por lo que ha designado una nueva ponente para que valide la norma íntegramente, de manera que la resolución del asunto que lleva casi 13 años pendiente se retrasa unas semanas.
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Progresistas y conservadores han evidenciado su primera gran división en esta nueva etapa en la corte de garantías como así acredita el resultado de la votación: los siete progresistas han votado en contra de la ponencia de Arnaldo, que tan solo ha recibido el apoyo de los otros tres compañeros de su grupo.
Con este resultado, Arnaldo ha renunciado a la ponencia y el presidente Cándido Conde-Pumpido ha designado como nueva ponente a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, “para que proceda a elaborar una nueva resolución, que desestime el recurso de inconstitucionalidad”, señalan fuentes del Tribunal a EFE. Una vez elaborada, tendrá que debatirse de nuevo en Pleno, por lo que este cambio de ponente supone postergar el fallo.
Por tanto, corresponderá a Montalbán redactar un nuevo texto acorde al sentir mayoritario del tribunal, esto es, avalando la constitucionalidad de la ley de 2010 al completo. Montalbán será la cuarta ponente del recurso tras la exmagistrada progresista Elisa Pérez Vera, el exmagistrado conservador Andrés Ollero y el propio Arnaldo. Trece años y cuatro presidentes por el camino, el recurso se encamina ahora sí a su resolución definitiva.
Ley de plazos VS ley de supuestos
La ponencia de Arnaldo respaldaba la ley de plazos de 2010. Solo veía inconstitucional una cuestión: el artículo 17, que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no está debidamente informada. Y proponía delimitar la interpretación de dos conceptos: que la objeción de conciencia no sea solo a los sanitarios implicados en la intervención sino también a quienes participan antes y la referencia a la salud social para justificar el aborto eugenésico.
La Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo- impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que lideró la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído– estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
El recurso del PP consideraba inconstitucional la llamada “ley de plazos” de 2010 frente a la “ley de supuestos” de 1985, es decir, pretende ilegalizar el aborto salvo en los tres casos que recogía la norma de hace 38 años: supuesto de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto; y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.
Con la norma de 2010, reformada parcialmente en 2015 por los populares, se reconoció el derecho de las mujeres de más de 16 años a abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación.
Feijóo considera “correcta” la ley de plazo
El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha recalcado que el hecho de que “la ley de Zapatero no es inconstitucional, no quiere decir que no se pueda cambiar”. Al tiempo, ha pedido que la Administración ayude a las mujeres embarazadas sin recursos “para no decidir siempre por el camino del aborto”, que “para nosotros saben que no es un derecho sino un fracaso”.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha afirmado que, “en la España actual, una ley de aborto de plazos es correcta y constitucional”.
