“Los que se encuentran intentando cruzar las fronteras de nuestros países son personas que buscan un lugar donde tengan oportunidades de construir una vida digna. Ya fueron vulnerados y expulsados de sus respectivas naciones”, expresan en declaración pública los obispos Marco Cortez Lara, de Tacna y Moquegua, en el sur de Perú, y Moisés Atisha Contreras, de Arica, en Chile, ambas diócesis limítrofes.
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Los obispos agregan que “como Iglesia Católica, no solo estamos presentes en momentos de emergencia, sino que día a día caminamos con ellos y buscamos acogerlos e integrarlos en la sociedad”.
Chile endureció leyes migratorias
La frontera entre Chile y Perú está definida por la llamada “Línea de la Concordia” que atraviesa el desierto de cordillera a mar. Hasta allí han llegado varios cientos de migrantes venezolanos, haitianos, colombianos y ecuatorianos que dejan Chile porque el gobierno endureció las leyes migratorias lo que no les permite regularizar su situación, quedan como indocumentados, y así no pueden acceder a empleo formal. Sin posibilidad de trabajo, en un país que sufre una creciente carestía, con un alto costo de vida, han decidido volver a sus países de origen. Sin embargo, Perú no les permite ingresar y están aislados en la frontera. Aunque en momentos de más tensión y angustia bloquearon la carretera, desde el viernes están ubicados en su orilla.
“Todos estamos de acuerdo que el fenómeno migratorio debe ser regulado por las autoridades pertinentes, pero regular no es sinónimo de prohibir o considerar a dichas personas como un mal para la sociedad; como decía el comité permanente de la Conferencia Episcopal de Chile: ‘La migración no debe ser vista como una amenaza sino como una oportunidad para construir un futuro de paz’”, dicen los obispos en su declaración.
Más adelante agregan: “Sabemos que lo que se está viviendo entre la frontera de Perú y Chile es fruto de decisiones políticas. Por tanto, es necesario un auténtico y sincero ejercicio de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional, por parte de las autoridades nacionales y regionales. Por ende, expresamos respetuosamente nuestro parecer que la decisión tomada de militarizar la frontera o declarar en emergencia la zona de acceso son medidas coercitivas que reclaman soluciones más ponderadas y justas”.
Niños, ancianos y enfermos
Aluden a la decisión del gobierno peruano de decretar estado de emergencia en zonas fronterizas lo que permite que las policías y militares puedan restringir el ejercicio de los derechos constitucionales relacionados al libre tránsito, entre otros. El gobierno peruano ha enviado tropas militares, además del refuerzo policial ya realizado, a los territorios fronterizos.
Muchos migrantes son familias que incluyen niños, niñas y adultos mayores quienes están viviendo en condiciones extremas de clima, higiene, alimentación y techo.
“Ante los hechos de enfrentamiento en la frontera, pedimos una vez más, que se busque el diálogo sincero entre todas las partes involucradas para que las personas vulnerables, familias con niños y niñas, personas mayores y desproveídas de recursos no sean los que tengan que pagar las decisiones que no fueron consideradas en toda su amplitud”, señalan los obispos.
Luego invitan encarecidamente a las autoridades a que “se encuentren las vías de solución a este problema y así no tengamos que lamentar víctimas a causa de la violencia que se está suscitando. Hay que insistir que, la solución a todo problema social solo será posible si se reconoce y respeta la dignidad de cada persona, pues este es un valor irrenunciable que no puede estar en juego a la hora de solucionar los problemas”.
Esta situación dura más de una semana. Se ha propuesto la creación de un “corredor humanitario” que permita el tránsito hacia el país de origen, dijo el viernes el ministro peruano del Interior, Vicente Romero.
Dignidad de los migrantes
Stéphane Dujarric, vocero de Naciones Unidas (ONU), dijo que el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) están “preocupados” por esta situación, particularmente por la de los menores. “Lo realmente crítico es que los dos países encaren este problema con diálogo y tengan en el centro de sus preocupaciones el bienestar de los seres humanos, sean migrantes o refugiados”, dijo Dujarric. Pidió a ambos países anteponer la dignidad de los migrantes: “debe ser respetada, así como sus derechos como refugiados, y estaremos ahí para garantizar que se atienden sus necesidades más básicas; pero esto es un asunto que debe tratarse directamente entre los dos países”, afirmó.
Por su parte, el Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, activó un decreto de emergencia migratoria que le otorga atribuciones y así “vamos a disponer de recursos para ir en apoyo, especialmente de las personas más necesitadas, que son los niños, las niñas y mayores que tienen enfermedades, y que su destino no es Chile, sino que es llegar a Venezuela”.
El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, dijo que su gobierno va a garantizar la atención humanitaria para los migrantes. “No podemos permitir, a pesar de la crisis, que ningún niño esté sin la posibilidad de disponer de agua, de alimento, de abrigo o de atención médica”.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, informó que ha estado en conversaciones con Perú desde “hace varios días” para hallar la fórmula que permita generar un corredor humanitario, ya sea aéreo o terrestre. “Esperamos que estas conversaciones se puedan acelerar. No podemos poner una fecha, pero insisto, esto requiere además de la voluntad de otros países”, señaló De la Fuente.
